Buenos Aires, 5 de mayo de 2026 – La Cámara Federal de Casación Penal sacudió el tablero judicial al anular un fallo de primera instancia y ordenar la inmediata investigación de la represión policial contra jubilados en las calles porteñas. El histórico episodio, ocurrido el 24 de enero de 2023 frente al Congreso Nacional, dejó un saldo de heridos y detenidos entre manifestantes que reclamaban por sus haberes.
En un fallo unánime firmado por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Hernán Llorens, el tribunal superior revocó la decisión del juez federal Daniel Rafecas, quien había sobreseído a los responsables de la Gendarmería Nacional y la Policía de la Ciudad. «No se trata de un mero incidente callejero, sino de una acción estatal que requiere escrutinio exhaustivo», sostuvieron los magistrados en los fundamentos, al destacar la gravedad de las lesiones causadas por balas de goma, gases lacrimógenos y agresiones físicas.
El caso remonta a la marcha de jubilados autoconvocados, quienes protestaban por la reforma previsional impulsada en ese entonces. Videos y testimonios documentaron cómo efectivos de seguridad desalojaron violentamente el lugar, resultando en fracturas, contusiones y al menos una persona grave. Organismos de derechos humanos como el CELS y Abuelas de Plaza de Mayo celebraron la resolución: «Es un paso clave para que no quede impune la represión a los más vulnerables», afirmaron en un comunicado.
La fiscalía deberá ahora recolectar pruebas, interrogar a testigos y peritar las armas no letales usadas. Este giro judicial reaviva el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales, en un contexto de creciente tensión por políticas económicas que afectan a los sectores jubilados.
Notigital seguirá informando sobre los avances en esta causa, que podría sentar precedente en el manejo de protestas pacíficas.
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