En un giro que complica aún más la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el contratista Matías Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que recibió US$245 mil en efectivo, sin facturas ni recibos, por las refacciones en la casa del funcionario en el country Indio Cuá, Exaltación de la Cruz.
Tabar, socio de Grupo AA (Alta Arquitectura), detalló que las obras incluyeron pisos, paredes, un quincho, pileta y cascada en el jardín, con pagos en dos cuotas: US$55 mil en 2024 y US$190 mil en 2025; entregó su celular para peritajes y rechazó coordinar con nadie. El monto supera ampliamente los US$120 mil que Adorni declaró por la compra de la propiedad, alimentando las sospechas en la causa.
Cerca de Adorni rechazaron la cifra («Ese no es el monto») y trascendió que el propio funcionario contactó a Tabar por WhatsApp antes de la declaración, ofreciendo que hablara con su equipo para «ayuda» o coordinación, lo que el contratista rechazó por consejo de su abogado para evitar sospechas. Fuentes cercanas analizan esta movida como una posible estrategia de «carpetear» al testigo —investigar su pasado o presionarlo sutilmente— en un intento de amedrentarlo o desacreditarlo, aunque Tabar, militante libertario («gorila» según allegados) y proveedor de la comuna local, se presentó con toda la documentación.
El fiscal Pollicita avanza con peritajes y más testigos, mientras el entorno de Adorni niega irregularidades en un caso que suma compromisos por US$800 mil entre propiedades y viajes. ¿Presión o defensa legítima? La Justicia definirá.
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