La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participó esta semana en una reunión informativa de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, donde denunció la grave afectación al derecho a la protesta social tras la implementación del protocolo antipiquetes por parte del Gobierno nacional.
Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad de la CPM, expuso ante los diputados el monitoreo realizado por el organismo en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Este trabajo sigue los protocolos de Naciones Unidas y coordina con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) y el mecanismo local de CABA.
Según el informe detallado presentado, desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026, 4 de cada 10 manifestaciones fueron reprimidas, con 358 personas detenidas de manera arbitraria y 3.424 heridas. Las fuerzas de seguridad emplean armas menos letales de forma «irracional y discrecional», sin respetar protocolos de uso. Un caso emblemático: disparos con postas de goma en zonas vitales que dejaron a cinco personas con la visión perdida de un ojo.
«La represión es sistemática y selectiva, con la mayoría de los eventos en manifestaciones de organizaciones sociales, piqueteras y de izquierda», afirmó Pomares, acompañado por Federico Schmeigel, director del programa de control de la corrupción e inteligencia ilegal de la CPM.
La sesión reunió a organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, sindicatos, centrales obreras y al padre de Pablo Grillo, el fotorreportero gravemente herido durante la protesta contra la Ley Bases. Sin embargo, los legisladores del oficialismo abandonaron la reunión antes del tratamiento del tema.
La CPM llamó a revertir el protocolo antipiquetes y garantizar el derecho a la protesta, en un contexto de creciente tensión social.
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