Unidad Popular emitió un contundente comunicado en rechazo al Decreto 383/2025, mediante el cual el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, aprobó una reforma para la Policía Federal Argentina (PFA) que le otorga nuevas facultades, entre ellas la capacidad de investigar y detener sin control judicial previo, basándose en manifestaciones en redes sociales, la simple «portación de rostro» o la vestimenta de las personas.
Desde Unidad Popular califican esta medida como un avance represivo del Estado, que responde a un proyecto excluyente y de carácter oligárquico, alineado con intereses norteamericanos. El comunicado advierte que este decreto constituye un paso más en la erosión del Estado de Derecho y la democracia en Argentina, en un contexto donde el Gobierno lleva 19 meses gobernando por decreto y ha avanzado en la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner, limitando la capacidad política de millones de ciudadanos.
Además, el partido señala que esta reforma completa un formato represivo iniciado con el Protocolo antipiquete y la penalización de la actividad gremial, al poner el accionar de la Policía Federal fuera del control judicial, lo que consideran una «atrocidad» que debe ser detenida.
Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, y Leticia Quagliaro, vicepresidenta, firmaron el comunicado en el que también reiteran el pedido de juicio político contra el gobierno de Milei, en rechazo a estas políticas de represión y autoritarismo.
La reforma de la Policía Federal, oficializada a través del decreto firmado por Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, redefine el rol de la fuerza, orientándola exclusivamente a la investigación de delitos federales y complejos, y elimina su competencia en seguridad local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, la nueva normativa le permite realizar tareas de inteligencia criminal y prevención en espacios digitales públicos, como redes sociales, sin la supervisión judicial tradicional, lo que genera preocupación por posibles abusos y arbitrariedades.
Unidad Popular advierte que esta medida profundiza un modelo represivo que afecta derechos fundamentales y llaman a detener esta política que consideran un retroceso para la democracia argentina.