LA DELGADA LÍNEA ENTRE AGILIZAR LA JUSTICIA Y LA POLITIZACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL
El Ministerio de Justicia nacional anunció que, en el marco de la implementación del Sistema Acusatorio en CABA, prevista para el 11 de agosto de 2025, jueces federales porteños viajaron a Jujuy para intercambiar experiencias con sus pares de esa provincia, donde el sistema ya funciona con éxito y ha logrado reducir a la mitad los tiempos de los juicios.
Este avance representa una reforma necesaria para modernizar y hacer más eficiente la justicia penal federal, que hasta ahora se ha caracterizado por procesos excesivamente largos y burocráticos. El nuevo sistema, que otorga mayor protagonismo a la fiscalía en la investigación y acusación, y reserva al juez el rol de garante del debido proceso, promete agilizar los procedimientos mediante la oralidad y la digitalización de expedientes.
Sin embargo, esta transición también abre una ventana a una preocupación legítima: la posible interferencia política del Ministerio de Justicia en el poder judicial bajo el pretexto de «capacitar» a los jueces. La participación activa del Ministerio en la organización de encuentros y capacitaciones para magistrados, aunque necesaria para la implementación técnica, puede cruzar la delgada línea que separa la mejora institucional de la injerencia partidaria en la justicia.
En un contexto donde la independencia judicial es un pilar fundamental para la democracia, cualquier acción que pueda percibirse como un intento de influir en las decisiones judiciales o en la orientación política de los jueces debe ser vigilada con rigor. La capacitación debe ser un proceso técnico y transparente, enfocado exclusivamente en la correcta aplicación del nuevo sistema procesal, sin agendas ocultas ni presiones políticas.
Por otra parte, la experiencia de Jujuy demuestra que el sistema acusatorio puede ser exitoso si se implementa con criterios técnicos y respeto institucional, reduciendo significativamente los tiempos de los juicios y mejorando la gestión judicial. Esto refuerza la necesidad de que la implementación en CABA se realice con la misma rigurosidad y autonomía.
En definitiva, la reforma procesal penal federal es un paso adelante para la justicia argentina, pero su éxito dependerá no solo de la eficiencia técnica sino también de la garantía de independencia judicial. La sociedad debe estar atenta para que el Ministerio de Justicia cumpla su rol de facilitador y no de interventor político, asegurando que la justicia sea rápida, pero también imparcial y libre de influencias partidarias.
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