El predio, compuesto por tierras ferroviarias estatales actualmente ocupadas por comercios abandonados, formaba parte de un proyecto de expansión académica de la universidad. Sin embargo, la administración de Javier Milei decidió retirarle la cesión a la casa de estudios y avanzar con un proceso de venta orientado a un desarrollo inmobiliario privado.
La medida generó preocupación en distintos sectores vinculados a la educación pública, ya que representa un nuevo avance sobre las universidades nacionales. No es un hecho aislado: hace apenas dos meses el Gobierno ya había tomado una decisión similar al quitarle un inmueble asignado a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa).
Desde distintos espacios educativos y políticos advierten que estas decisiones forman parte de un ajuste más amplio contra el sistema universitario público, que durante décadas permitió el acceso a la educación superior a millones de argentinos y argentinas. Las universidades nacionales no solo cumplen un rol académico, sino también social, científico y cultural, siendo muchas veces un motor de inclusión y desarrollo para sectores populares.
En el caso de la Untref, la situación golpea especialmente a la comunidad educativa de Tres de Febrero, distrito donde nació la universidad y desde donde logró consolidarse como una de las instituciones académicas más reconocidas del conurbano bonaerense.
Mientras tanto, crecen las críticas por el silencio de la dirigencia local ante esta situación. El exintendente de Tres de Febrero y actual militante cercano al oficialismo, Diego Valenzuela, hasta el momento no realizó declaraciones públicas sobre la decisión del Gobierno nacional de quitarle el terreno a la universidad.
Para distintos sectores políticos y sociales del distrito, ese silencio termina funcionando como una señal de acompañamiento al avance del Gobierno sobre la educación pública. “No decir nada también es tomar posición”, sostienen desde sectores críticos al oficialismo, que consideran que el ajuste sobre las universidades requiere una defensa activa por parte de los representantes locales.
La polémica vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del rol del Estado en la educación superior y el destino de los bienes públicos, en medio de un contexto donde el Gobierno nacional impulsa políticas de ajuste y privatización en diferentes áreas.
