DIEGO VALENZUELA SE JACTA DE TERMINAR CON UN DELITO DEL CINE PORNO DE CIUDADELA, TRAS 10 AÑOS DE GESTIÓN
Tras una década al frente del municipio de Tres de Febrero, Diego Valenzuela vuelve a estar en el centro de la polémica con un operativo policial que derivó en el allanamiento y clausura del último cine porno de Ciudadela, sospechado de funcionar como prostíbulo clandestino donde se ejercía explotación sexual.
La denuncia partió de la propia Municipalidad, y la investigación fue llevada adelante por la Fiscalía 14 de San Martín, con la intervención de la Policía Federal, que detuvo a los responsables y rescató a las víctimas, ahora asistidas por la Secretaría de Desarrollo Humano local.
Este operativo, que en apariencia es un avance en la lucha contra la trata y la explotación, ocurre en un contexto electoral y político muy particular. Valenzuela, quien acaba de ser reelecto en 2023 y recientemente cambió su alineación política a La Libertad Avanza, parece jugar una partida estratégica al margen de la coordinación con la Provincia de Buenos Aires, dejando la custodia del cine clausurado en manos de la Policía Federal, en lugar de la policía provincial. Esta decisión evidencia una clara tensión política y un intento de desgastar al gobernador bonaerense en un año electoral clave.
No es la primera vez que la gestión de Valenzuela se ve envuelta en controversias. A lo largo de sus tres mandatos, ha recibido denuncias por adjudicaciones directas cuestionadas, nombramientos polémicos y una política de seguridad que ha sido calificada como un «Estado policíaco» por organizaciones de derechos humanos. Además, su estrategia electoral ha incluido el fomento del corte de boleta para mantener el control municipal, incluso cuando sectores opositores lo apoyan localmente mientras rechazan su espacio político a nivel nacional.
El caso del cine porno de Ciudadela no solo reaviva una disputa vecinal histórica que Valenzuela ha impulsado desde 2013 con proyectos de expropiación para convertir el espacio en un centro cultural, sino que también pone en evidencia la utilización política de una problemática social grave. La demora de 10 años en actuar con contundencia y la elección de la Policía Federal para intervenir, en lugar de articular con la provincia, sugieren que la denuncia y el operativo responden más a una estrategia electoral que a una política integral de protección y prevención.
En definitiva, la gestión de Valenzuela en Tres de Febrero exhibe una constante: la instrumentalización de problemas sociales para rédito político, mientras las denuncias y las tensiones internas en su gobierno y con la provincia se multiplican. El operativo en el cine porno de Ciudadela es un nuevo capítulo de esta historia, que merece un análisis crítico y un seguimiento atento por parte de la sociedad y los medios.
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