ALERTAN SOBRE EL PELIGRO QUE REPRESENTA EL PROYECTO DE LEY DE LA LLAMADA “LEY ANTIMAFIAS”

“Análisis, inconstitucionalidad y riesgos. Debate para las organizaciones sociales, sindicales y políticas” fue la propuesta de un encuentro de juristas para debatir y poner la mirada sobre el proyecto de ley que promueve la ministra Bullrich. Los especialistas denuncian que “representa una reforma constitucional que instala el Estado de Sitio”.

El encuentro se realizó en la sede nacional de la Central y fue convocado por la Asociación Americana de Juristas, la Red Federal por la  Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia y la CTA.

El debate de contó con un panel de destacados especialistas como el Dr. Alejandro Alagia, profesor de derecho penal de la UBA; la Dra. María Laura Garrigós, abogada de la UBA, especialista en Derecho Penal ex Camarista; Matías Bailone, profesor titular de Derecho Penal Internacional de la Universidad Nacional de La Matanza, y Carlos Cruz, ex presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF). La  moderación de las ponencias estuvo a cargo de la Dra. Claudia Rocca, Presidenta de la rama Argentina de Asociación Americana de Juristas.

La Cámara de Diputados ya dio media sanción al proyecto promovido por Patricia Bullrich llamado pretenciosamente «Ley Anti mafias». La iniciativa propone una reforma el Código Penal y fue aprobado por 137 votos a favor y 92 en contra, en un tratamiento que no permitió un debate público y, por el contrario, se realizó de espaldas a la sociedad.

«Desde la Red Federal por la  Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia estamos alarmados por este paquete de iniciativas del gobierno represivas y en especial la ley», expresó en la apertura Claudia Rocca y explicó que «se busca la criminalización de referentes políticos, sindicales y sociales, en un contexto de que el gobierno espera una creciente resistencia popular a las sus planes». Rocca llamó a generar «un plan de acción para incidir y participar en el debate que se va a dar en la cámara de Senadores y lo hacemos porque esta casa se ha convertido en el lugar de las causas justas y de la resistencia».

Los panelistas coincidieron en la alarma que genera esta ley ya que representa serio riesgo para la vigencia de las garantías constitucionales y pone en zona gris al Estado de derecho.  Las críticas se centraron en las facultades que delega en gobernadores, fiscales y policías para realizar declarar «zonas de excepción» y llevar acabo allanamientos, ciber patrullaje, formación de escuadrones especiales para represión en diversos territorios del país sin autorización de juez competente, detenciones arbitrarias, entre otras violaciones de derechos básicos. «Viola al artículo 18 de la Constitución Nacional, Pacto de San José de Costa Rica, al debido proceso, da facultades sin control a funcionarios judiciales y a fuerzas de seguridad lo que habilita arbitrariedad  y a la brutalidad policial», denunciaron los juristas.

Por su parte, el secretario general de la Hugo «Cachorro» Godoy, CTA indicó que «la convocatoria de urgencia a esta reunión es porque estamos ante un hecho gravísimo y hay que tener una estrategia común. La serie de eventos represivos se iniciaron como «el protocolo anti piquetes» y todas las acciones del gobierno que, frente al crecimiento de la protesta genera estos instrumentos que van en contra del legítimo derecho de protesta». El dirigente también apuntó contra la Corte Suprema «que no trata la inconstitucionalidad del decreto 70/23 que le da poderes de facto a Milei». Por eso hay que sumar masa crítica a esta pelea y enfrentar esta situación. Por eso también convocamos a la Marcha Federal para el 5 de diciembre porque estamos frente a un gobierno con prácticas Neo fascistas y en nuestras manos esta impedir que esta ley avance».

Los panelistas insistieron en la amenaza que representa este proyecto. «Claramente el sentido de la ley es perseguir a organizaciones políticas, sociales, sindicales y a organizaciones de la sociedad disidentes de las políticas de gobierno o de factores de poder. Además, permite la intervención en territorio nacional de organismos de inteligencia extranjeros espiar a ciudadanos y les operar a, por ejemplo, la DEA la CIA. Es, evidentemente, una herramienta de la gobernaza mundial, de corporaciones y organismos transnacionales que de este modo pretenden tener garantías de control sobre el territorio nacional que pretenden zaquear», alertaron.

Fuente: @Datafactory

Sobre Nosotros