Buenos Aires, 18 de mayo 2026. Durante años, ciertos sectores políticos y económicos instalaron la idea de que la Argentina “era potencia” antes de la llegada del peronismo. En especial, algunos espacios libertarios y conservadores vuelven a reivindicar el período previo a 1943 como una etapa dorada del país, donde supuestamente reinaban la prosperidad, el mérito y la libertad económica. Sin embargo, detrás de ese relato hay una enorme omisión histórica: ¿potencia para quiénes?
La llamada “Argentina potencia” convivía con una desigualdad social brutal, con millones de trabajadores sin derechos laborales básicos, sin vacaciones pagas, sin aguinaldo, sin indemnización y muchas veces sometidos a condiciones casi feudales. En amplias regiones del país, sobre todo en zonas rurales y provincias del norte, numerosos peones cobraban en vales, mercadería o especies. Lo poco que recibían terminaba gastándose en almacenes del propio patrón, en un circuito de dependencia económica que beneficiaba exclusivamente a las clases dominantes.
La famosa Década Infame (1930-1943), tan reivindicada indirectamente por sectores antiperonistas, estuvo atravesada por fraude electoral, persecución política, entrega económica y concentración de la riqueza. Mientras una minoría vinculada al poder agroexportador acumulaba enormes ganancias, las mayorías populares vivían excluidas del sistema político y económico.
La discusión no pasa solamente por números macroeconómicos o exportaciones récord de carne y granos. Un país no es potencia porque un pequeño grupo gane mucho dinero. Una nación crece verdaderamente cuando la riqueza se distribuye, cuando los trabajadores acceden a derechos y cuando las clases populares dejan de ser simples herramientas de producción descartables.
Por eso, cuando algunos libertarios hablan de “dar la batalla cultural” para volver a aquella Argentina previa al peronismo, en realidad muchas veces lo que aparece detrás es la nostalgia de un modelo social profundamente desigual. Un esquema donde las élites económicas —la histórica oligarquía— tenían un control casi absoluto sobre la política, la economía y la vida de los trabajadores.
La irrupción del peronismo rompió esa lógica. El ascenso social de los sectores populares, la incorporación política de los trabajadores y la aparición de los llamados despectivamente “cabecitas negras” alteraron un orden que parecía intocable. Aquellos sectores que históricamente habían sido invisibles comenzaron a ocupar fábricas, universidades, sindicatos y espacios de decisión.
Y ese es quizás el verdadero núcleo de la batalla cultural que aún persiste en la Argentina: no solamente una discusión económica, sino una disputa por el poder social y simbólico. El rechazo de ciertos sectores al peronismo muchas veces no nace únicamente de diferencias ideológicas, sino del resentimiento histórico hacia el protagonismo político que adquirieron las clases trabajadoras.
La romantización de la Argentina oligárquica omite deliberadamente que millones de personas vivían marginadas, sin acceso a derechos elementales. Presentar aquella etapa como una panacea liberal es construir un relato incompleto, funcional a quienes todavía sueñan con una sociedad donde unos pocos concentren privilegios y las mayorías vuelvan a obedecer en silencio.
La historia argentina demuestra que el crecimiento económico sin justicia social termina beneficiando siempre a los mismos. Y quizás por eso, décadas después, sigue habiendo sectores que no perdonan que los hijos de trabajadores hayan dejado de agachar la cabeza.
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