Mientras desde la Casa Rosada celebran la desaceleración de la inflación y muestran indicadores macroeconómicos positivos, en los barrios populares y también en sectores de clase media la situación cotidiana parece contar otra historia. Según distintos relevamientos privados, más del 90% de los hogares argentinos mantiene algún tipo de deuda financiera, ya sea con tarjetas de crédito, préstamos personales, billeteras virtuales o incluso comercios de cercanía.
La deuda dejó de estar asociada únicamente a la compra de bienes o inversiones familiares. Hoy, gran parte del endeudamiento está vinculado a gastos básicos como alimentos, medicamentos, alquileres, transporte y servicios públicos. La utilización de créditos rápidos y aplicaciones financieras aumentó de manera considerable entre trabajadores informales, jubilados y jóvenes precarizados.
A su vez, especialistas advierten sobre un deterioro persistente del poder adquisitivo. Aunque algunos salarios mostraron subas nominales, los incrementos quedaron absorbidos por el impacto de las tarifas y los costos fijos. Electricidad, gas, agua, transporte, medicina prepaga y alquileres registraron fuertes aumentos desde el inicio de la gestión libertaria.
Distintos estudios señalan que los servicios públicos llegaron a representar cerca del 11% del salario promedio, cuando años atrás ese porcentaje rondaba el 4%. En paralelo, crece la percepción de que gran parte de la población vive en una economía de supervivencia, donde el consumo se sostiene con cuotas, refinanciaciones y deuda.
En ese contexto, sectores críticos del gobierno sostienen que el ajuste económico impulsado por Milei recayó principalmente sobre trabajadores, jubilados y clases medias. La eliminación de subsidios, la liberalización de precios y la caída del consumo interno aparecen como algunos de los factores que profundizaron la crisis social.
Aunque el INDEC informó una baja en los índices de pobreza durante 2025, economistas y organizaciones sociales cuestionan que las estadísticas no reflejan completamente el deterioro real que generan el endeudamiento familiar, el peso de las tarifas y la pérdida de calidad de vida.
El escenario también impacta en los hábitos cotidianos. Muchas familias redujeron consumos básicos, suspendieron actividades recreativas o resignaron gastos en salud y educación para poder afrontar boletas de servicios o pagos de tarjetas.
Mientras el Gobierno insiste en que el sacrificio actual traerá estabilidad futura, cada vez más voces advierten que el modelo económico libertario comienza a mostrar fuertes consecuencias sociales en amplios sectores de la población.
En los barrios, la frase que más se repite resume el clima de época: “ya no se pide plata para progresar, se pide plata para sobrevivir”.
