Buenos Aires, 13 de mayo de 2026 – Mientras miles de estudiantes y docentes marchan en la Marcha Federal Universitaria exigiendo un financiamiento digno para las universidades públicas, el economista Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y del Instituto de Pensamiento y Política Pública (IPyPP), reveló cifras demoledoras: el Gobierno decidió renunciar a una recaudación equivalente al 0,29% del PBI por cambios en el Impuesto a los Bienes Personales, pero se niega a destinar apenas el 0,23% del PBI para evitar el cierre de las casas de altos estudios.
La Ley 27.795: Una batalla legal sin fin
La Ley de Financiamiento Universitario (27.795), aprobada en 2025 tras un duro pulso con el Ejecutivo, establecía actualizaciones automáticas por inflación, recomposición salarial y fortalecimiento de becas. Vetada inicialmente por el Decreto 647/2025, el Congreso insistió con mayorías agravadas en septiembre y octubre, forzando su promulgación el 21/10/2025 (Decreto 759/2025). Sin embargo, el Gobierno suspendió su aplicación alegando «falta de fuentes de financiamiento».
La Justicia falló a favor de las universidades: en diciembre de 2025 se concedió una cautelar, confirmada en marzo de 2026 por la Cámara Contencioso Administrativa Federal. Pero una apelación del Estado ante la Corte Suprema dejó todo en suspenso.
Cifras clave del costo fiscal (estimaciones para 2026, PBI de $1.000 billones):
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OPC: 0,23% del PBI ($2,3 billones).
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Deuda acumulada del Estado: $2,5 a $3,6 billones.
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Necesidad real del CIN: $7,2 billones (vs. presupuesto actual de $4,9 billones).
Renuncias fiscales que superan la demanda universitaria
Lozano, en análisis propio del IPyPP basado en datos del Ministerio de Economía, desarma el argumento oficial de «falta de recursos»:
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Ley 27.743 (Bienes Personales): Pérdida de 0,29% del PBI en 2025 por mínimos no imponibles elevados y exenciones.
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Reducción de retenciones a exportaciones (soja, trigo, maíz, etc., más carne y economías regionales): 0,15% del PBI en solo 4 meses de 2026.
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Programa de Educación Superior: Caída del 41% real en 2026 vs. 2023; equivale a 0,23 puntos del PBI ($2,3 billones o USD 1.670 millones). Acumulado 2024-2026: $3,9 billones (USD 2.830 millones).
Además, los gastos tributarios totales para 2026 alcanzan el 3,42% del PBI ($35.300.707 millones), con ejemplos como:
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Promoción Tierra del Fuego (Ley 19.640): 0,17% del PBI ($1,79 billones), incluyendo exenciones en IVA, Ganancias e importaciones.
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Exención de Ganancias a jueces y funcionarios: 0,09% del PBI ($881.676 millones).
«El Gobierno prioriza beneficios fiscales para sectores concentrados mientras asfixia a las universidades», apuntó Lozano en su nota publicada en Unidad Popular.
La Marcha Federal Universitaria, que recorre el país, pone el foco en este desequilibrio: ¿priorizar la educación pública o las renuncias impositivas? Las calles responden.
Fuente: Análisis de Claudio Lozano (Unidad Popular/IPyPP). Datos: MECON, OPC, CIN.
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