Buenos Aires, 22 de abril de 2026 – El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de su proyecto de reforma electoral, un paquete integral que busca «limpiar» el sistema político argentino. La iniciativa elimina las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), introduce la Boleta Única de Papel (BUP) y eleva drásticamente los requisitos para constituir partidos, entre otros cambios profundos.
El corazón de la propuesta reside en la supresión de las PASO, reemplazadas por un mecanismo de avales biométricos para evitar falsificaciones en la afiliación partidaria. «Se sustituye la afiliación en papel por un sistema digital seguro», indicaron fuentes cercanas al Ejecutivo. Además, se endurecen las exigencias para que un espacio político obtenga personería jurídica: los partidos distritales deberán demostrar afiliados equivalentes al 0,5% del padrón electoral.
La personería se perderá automáticamente si un partido no alcanza al menos el 3% del padrón en una de dos elecciones consecutivas, lo que podría barrer con fuerzas menores. Se incorpora también la figura de «Ficha Limpia», que inhabilita a condenados en segunda instancia por delitos dolosos, promoviendo una «ética electoral» más estricta.
En materia de financiamiento, la reforma eleva los topes de aportes privados y elimina los límites de gasto de campaña para las agrupaciones políticas, liberando recursos para las competiciones. Sin embargo, se suspenden los debates presidenciales obligatorios y se descarta la implementación de exámenes psicotécnicos o narcotests, como había propuesto el peronismo.
A nivel internacional, el proyecto frena la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que el bloque regional fije una fecha electoral simultánea. «Esto evita dispersiones y fortalece la soberanía», argumentan desde La Libertad Avanza.
La iniciativa llega en un momento de alta polarización política, con Milei apostando a una renovación profunda del sistema electoral de cara a las legislativas de 2027. Opositores ya critican el paquete como un «control autoritario» del oficialismo, mientras que el oficialismo lo defiende como un paso hacia la eficiencia y la transparencia.