Por Néstor Espósito | “Internet se ha convertido en un espacio favorable para el despliegue de agresiones que tienen efectos nocivos para las mujeres tanto dentro del espacio digital como fuera de él, con violencias que atraviesan la pantalla y amenazan con poner en riesgo su vida por ejercer su labor”. La afirmación es parte de un documento elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una ONG estrechamente vinculada con el quehacer judicial, cuyas investigaciones, encuestas e informes son escuchados y consultados por jueces y fiscales.

El documento se titula Palabras que callan: la autocensura de las mujeres políticas como respuesta a la violencia de género digital.

“Las redes sociales han inaugurado un nuevo espacio cívico virtual, en el que se ha favorecido la difusión de violencias que afectan directamente la visibilidad y participación plena de las mujeres en la vida pública”. Bajo esa premisa, el trabajo recogió testimonios de mujeres “de todo el arco político, tanto en el ámbito legislativo como ejecutivo, a nivel nacional y provincial”. La lista está integrada por Cristina Fernández de Kirchner, pero también por Patricia Bullrich (candidata a la Presidencia, Juntos por el Cambio), Gabriela Estévez (diputada nacional, Frente de Todos), Malena Galmarini (titular de AySA), Myriam Bregman (candidata a la Presidencia, MST), Natalia Sánchez Jáuregui (diputada provincial, Buenos Aires, Frente de Todos), Ofelia Fernández (legisladora, CABA, Frente de Todos), Roxana Reyes (diputada nacional, Juntos por el Cambio) y Victoria Donda (subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico, Buenos Aires, Frente de Todos).

“Los hostigamientos que tuvieron a estas mujeres como víctimas fueron efectuados por diferentes agresores: desde compañeros de recinto, funcionarios públicos, asesores y trolls, hasta usuarios manifiestos y anónimos que actuaron a través de amenazas”.

¿Qué respuestas ofrece el Poder Judicial ante ese fenómeno creciente?

El informe sostiene que “todas las mujeres consultadas han sufrido situaciones de violencia de género a lo largo de su trayectoria política o saben de compañeras que han pasado por lo mismo”. La situación tiene una horizontalidad que no discrimina más razones que la de ser mujer. “El 90 por ciento de ellas identificó al entorno digital como uno de los más frecuentes. El 60 por ciento de las encuestadas señaló que estos ataques se dan tanto en público como en privado, y son comunes en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, aunque también ocurren en plataformas como Youtube, portales periodísticos o servicios de mensajería como Whatsapp. Las entrevistadas señalaron también sus propios lugares de trabajo como espacios donde se propagan estas violencias”.

No faltan leyes.  La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (conocida como Convención Belém do Pará) fue aprobada por Argentina mediante la Ley 24.632. “El instrumento –destaca el trabajo- ordena a los Estados Parte a adoptar medidas de protección progresivas y evaluar periódicamente su eficacia. En la práctica, esto supone tener en cuenta la mutación de la problemática y del contexto en el que se enmarca para dar lugar a mejoras cuando las normativas vigentes no sean suficientes o brinden respuestas desactualizadas”.

Los elementos y el marco legal están. Sin embargo el reporte consigna que una de las encuestadas (varias decenas en testimonios directos y fuentes indirectas), empleada de una repartición pública,  “expuso una sucesión de hostigamientos desde su entrada al despacho hasta el interior del mismo:  Cuando yo me presentaba en el horario de ingreso municipal al lugar donde estaban las maquinarias me gritaban hombres, empleados municipales con una instrucción muy rústica, muy básica: ‘¿Qué te pensaste que con pollera nos vas a mandar a nosotros que somos hombres?’ ‘A nosotros no nos manda ninguna pollera’. Aseveró, incluso, que en una oportunidad la encerraron en el baño de su despacho para que presentara la renuncia”.

Según las conclusiones del documento, “la labor de interpretación judicial es uno de los pilares fundamentales para compatibilizar la norma con las características actuales de la violencia contra las mujeres en política”.

“No obstante –contrapone-, “las decisiones judiciales suelen desconocer las transformaciones que ha atravesado la cuestión, quedando de algún modo estancadas en estadios anteriores y desactualizados en su tratamiento.  En este sentido, el Poder Judicial es percibido a nivel social como un núcleo de resistencia al avance en materia de derechos para las mujeres, en tanto muchas de sus intervenciones han operado como límites al reclamo por un pleno ejercicio de los mismos”.

En ese contexto, “la decisión de judicializar hechos de violencia también fue mencionada por una de las encuestadas como una alternativa que las mujeres suelen emplear frente a las agresiones”.

Pero los estrados judiciales no son los ámbitos preferidos por las víctimas femeninas para superar esas situaciones. “Los resultados de la encuesta constataron la predominancia de prácticas orientadas a desactivar el conflicto en lo inmediato, como el bloqueo de la persona agresora y la remoción de publicaciones por las que habían sido hostigadas”. Hay, con todo, un dato muy preocupante:

“Entre las acciones implementadas a mediano y largo plazo, se pueden mencionar la restricción del propio discurso y la reducción de la participación en redes sociales, con el objetivo de evadir la violencia”, asegura el documento.

Allí emerge con fuerza la respuesta a través de la auto censura y la auto marginación. “Para hacer frente a las agresiones recibidas han recurrido a diversas estrategias: en el corto plazo han optado por bloquear al agresor o remover publicaciones por la violencia de las respuestas, mientras que a largo plazo se han replanteado su participación virtual en ciertos debates o han dejado de expresarse con libertad, por temor a las represalias.  Es posible advertir, en este sentido, que la autocensura ha sido la estrategia más empleada por estas mujeres en el afán de preservar su integridad tanto física como mental”.

“El 60 por ciento de las encuestadas en el marco de la investigación reconoce esta práctica como una de las más utilizadas por las mujeres políticas frente a la violencia que se ejerce contra ellas”.

El trabajo concluye con una afirmación escalofriante: “La violencia contra las mujeres por razones de género representa una de las violaciones más sistemáticas de los derechos humanos en todo el mundo.  En particular, en la región latinoamericana se ha manifestado históricamente en elevados índices de desigualdad y discriminación que se advierten en los más variados ámbitos (laborales, económicos, políticos y sociales)”.

Néstor Espósito: @nestoresposito

Fuente: https://canalabierto.com.ar