UNIDAD POPULAR RECHAZA LA PRIVATIZACIÓN DE AYSA Y ALERTA SOBRE SUS IMPACTOS SOCIALES
Unidad Popular se opone firmemente a la privatización de AySA, denunciando que los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 493/2025 y 494/2025 impulsados por el Gobierno Nacional avanzan en la entrega de esta empresa pública, que brinda servicios esenciales de agua potable y saneamiento cloacal a 15 millones de habitantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Según la posición oficial de Unidad Popular, el DNU 493/2025 modifica el marco regulatorio para permitir, entre otros aspectos, los cortes de servicio por falta de pago, aumentos mensuales de tarifas, y elimina la obligación de la futura empresa privada de expandir el servicio a zonas actualmente no cubiertas, como barrios populares. Asimismo, estableció que se aceptan parámetros de menor calidad del agua.
Este proceso comenzó con la Ley N.º 27.742, que declaró que AySA sujeta a privatización, y siguió con la eliminación de subsidios estatales sobre las tarifas, lo que en 2024 provocó aumentos de hasta el 1500%. El anuncio formal de la privatización fue dado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien justificó la venta con argumentos de necesidad financiera y menor eficiencia estatal, a pesar de que AySA registró ganancias recientemente.
Unidad Popular critica duramente estas justificaciones, calificándolas de falsas y argumentando que la infraestructura pública requiere fondos estatales y que la rentabilidad basada en tarifas ya está superada, resaltando además que la inversión en agua tiene un retorno social y sanitario elevado. Recuerdan que la privatización de los años 90 produjo tarifas impagables, retrocesos en cobertura y calidad, procesos judiciales internacionales y daños ambientales que aún persisten.
El decreto 494/2025 autoriza la venta del 90% de las acciones estatales en AySA, incluidas licitaciones públicas nacionales e internacionales, con al menos el 51% del paquete accionario destinado a un operador estratégico, y venta del remanente en los mercados bursátiles. El gobierno sostiene que la privatización es necesaria para financiar inversiones que el Estado no podría costar y mejorar la eficiencia del servicio, aunque enfrenta fuertes críticas sobre sus impactos sociales.
Firmantes de la posición de Unidad Popular son Claudio Lozano, presidente nacional, y María Eva Koutsovitis, presidenta en CABA, quienes convocan a la sociedad a rechazar este avance y defender el acceso al agua como un derecho humano fundamental.
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