Este miércoles, una vez más, la Plaza de Mayo fue escenario de una represión que parece no tener precedentes en la historia reciente. Jubilados y jubiladas, que se habían congregado pacíficamente para reclamar por sus derechos y exigir mejoras en sus haberes, fueron desalojados con violencia por las fuerzas de seguridad bajo órdenes del gobierno nacional de Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Ni la plaza, ni el derecho a huelga
La postal de la jornada fue contundente: adultos mayores, muchos de ellos con bastones o en sillas de ruedas, rodeados por un operativo policial que no les permitió ni siquiera permanecer en la histórica plaza. La represión incluyó balas de goma y gases lacrimógenos, una respuesta desproporcionada ante una manifestación pacífica.
Organizaciones de derechos humanos y gremios expresaron su repudio ante lo que consideran una escalada en la criminalización de la protesta social. “No solo se ataca el derecho a huelga, sino que ahora ni siquiera se permite la permanencia en el espacio público”, denunció una representante de la Coordinadora de Jubilados.
Sin diálogo, con represión
Desde el inicio de su gestión, el gobierno de Milei ha endurecido su postura frente a las manifestaciones, priorizando la represión por sobre el diálogo. La ministra Bullrich defendió el accionar policial argumentando la necesidad de “mantener el orden”, pero las imágenes y testimonios recogidos por Notigital muestran a jubilados heridos y conmocionados por la violencia sufrida.
Una democracia puesta a prueba
La represión de este miércoles reaviva el debate sobre los límites del accionar estatal y el respeto a los derechos constitucionales. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para acallar los reclamos sociales? ¿Qué espacio queda para el diálogo y la protesta en una democracia?
Mientras tanto, los jubilados prometen no bajar los brazos y seguirán exigiendo lo que consideran justo: una vida digna y el respeto a sus derechos.