Buenos Aires, 25 de abril de 2026 – Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular a nivel nacional y del Instituto de Pensamiento y Política Pública (IPPYP), cuestionó duramente la gestión económica del gobierno de Javier Milei. En un análisis reciente, Lozano advierte que el oficialismo no resuelve la crisis, sino que la administra con herramientas que la profundizan, generando costos sociales crecientes y sin mandato popular.
«La pregunta que ordena esta coyuntura es simple: Milei no está resolviendo la crisis, está administrándola con herramientas que la profundizan», afirmó Lozano. Con empleo e ingresos en caída libre, un mercado interno exhausto y un programa fiscal que sostiene la asfixia al extremo, los márgenes se achican y el deterioro se acelera, agregó.
Empleo e ingresos en picada
Lozano clausuró dos vías clásicas de recuperación: ni el crecimiento recompone el empleo formal ni la apreciación cambiaria mejora los salarios reales. En febrero, el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó un 8,7% interanual. «El deterioro del salario y la fragilidad del mercado de trabajo operan como un componente funcional al programa oficial», explicó.
Mercado interno y crédito al límite
La supuesta «reactivación vía crédito» choca con límites sociales y macroeconómicos. Por un lado, el sobreendeudamiento y la mora de los hogares; por el otro, tasas en pesos a la baja que conviven con inflación en ascenso y un equilibrio cambiario frágil. El crédito sigue caro, la morosidad alcanza máximos históricos –especialmente en financiamiento no bancario y billeteras virtuales– y el mercado interno colapsa.
Inflación impulsada por el propio ajuste
Marzo registró un 3,4% de inflación general, con los rubros regulados escalando al 5,1%. En un esquema de desregulación y ajuste, las tarifas y la energía dejan de amortiguar y pasan a empujar el IPC. «Incluso el propio ajuste tiende a volverse inflacionario», subrayó Lozano.
Frente externo: dólares que se escapan
El modelo necesita divisas para sostenerse, pero organiza precios e incentivos para que salgan del país. Se pagan vencimientos de deuda con superávit comercial, mientras se drenan dólares por dolarización y turismo. El equilibrio se cubre con más deuda y asistencia de organismos internacionales. En el horizonte, pesan USD 39.700 millones en vencimientos entre el resto de 2026 y 2027, junto a la segunda revisión con el FMI –que incluye desembolso bajo vigilancia de reservas– y fondos del Banco Mundial.
La emergencia exige intervenir ahora, remató Lozano. Frente a un programa sin mandato social, con deterioro social acelerado, fracturas políticas y una agenda que hipoteca el futuro, «la discusión no puede correrse a 2027. La intervención es ahora, y la agenda del juicio político aparece como salida institucional para cortar este ciclo y abrir una estrategia diferente».
Ver el informe completo del IPPYP aquí.
Sobre Nosotros
