PROCESARON AL POLICÍA QUE GASEÓ UNA NENA DE 10 AÑOS DURANTE LA REPRESIÓN A JUBILADOS FRENTE AL CONGRESO
La Justicia federal procesó al policía Cristian Rivaldi, integrante de la Policía Federal Argentina, por arrojar gas pimienta en el rostro de Fabrizia Pegoraro, una niña de 10 años, y su madre, Carla Pegoraro, durante la represión a una protesta de jubilados realizada el 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso Nacional. El efectivo fue imputado por los delitos de abuso de autoridad en concurso real con lesiones leves, aunque seguirá el proceso en libertad.
Los hechos
La manifestación, convocada por jubilados en reclamo de un aumento en sus haberes, fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad. En ese contexto, Rivaldi fue captado en imágenes arrojando gas pimienta directamente al rostro de la niña y su madre, quienes se encontraban en el suelo y no ofrecían resistencia alguna. La imagen de Fabrizia llorando por el dolor recorrió los medios y generó una fuerte conmoción social.
Fundamentos del procesamiento
El juez federal Sebastián Ramos, a cargo de la causa, sostuvo en su resolución que Rivaldi “arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad, apartándose de ese modo de la normativa vigente y aplicable al caso”. Además, remarcó que “tanto la madre como su hija se encontraban en una posición de desventaja en cuanto al agresor, que estaba parado y apuntó directamente a sus rostros sin motivo que justificara esa acción”.
El fallo también destaca que las imágenes y videos del hecho “son contundentes y respaldan plenamente lo relatado por la denunciante”, mientras que el descargo del imputado fue considerado “inverosímil”. Rivaldi, en su defensa, sostuvo que actuó siguiendo órdenes superiores y que no vio a la niña en el lugar, argumento que fue desestimado por el juez.
Consecuencias y contexto
El procesamiento de Rivaldi representa un mensaje claro sobre los límites en el accionar policial durante manifestaciones sociales, en un contexto de reiteradas denuncias por represión a protestas de jubilados. El caso se suma a otros episodios de violencia institucional registrados en las inmediaciones del Congreso, que han dejado decenas de heridos en los últimos meses.
La causa continuará bajo la órbita del Juzgado Federal N°2, y la pena máxima en expectativa, de confirmarse la culpabilidad, podría llegar a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo.
“Las imágenes son contundentes y respaldan plenamente lo relatado por la denunciante. Por el contrario, los argumentos del imputado resultan poco creíbles. Es evidente en los registros fílmicos que apuntó de manera directa e intencional”, concluyó el juez Sebastián Ramos.
Con NA.
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