«PRIVILEGIADOS»: LA POLÉMICA FRASE DE FUNCIONARIOS DE ANDIS QUE INDIGNÓ A FAMILIAS CON TEA
Romina Núñez, Subdirectora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el gobierno de Javier Milei, ha sido objeto de fuertes críticas por su actitud considerada indiferente y despectiva ante el reclamo de instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad.
En un encuentro del Consejo Federal de Discapacidad, Núñez respondió a una representante de organizaciones civiles que denunciaba la crítica situación económica de las instituciones con un comentario frío: “Las opiniones son irrelevantes, no tengo por qué darte una opinión. Lo que te puedo dar es un dato, y no tengo información”.
Este reclamo se centraba en la falta de actualización del nomenclador y los aranceles de prestaciones básicas, congelados desde diciembre de 2024, lo que pone en riesgo el funcionamiento de asociaciones que sostienen servicios esenciales para personas con discapacidad. Las instituciones están al borde del cierre y las personas afectadas quedarían sin atención.
Familiares de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) denunciaron públicamente el destrato, afirmando que desde ANDIS los trataron de «privilegiados» y que el Estado no debería hacerse cargo de su discapacidad, lo que generó gran indignación en la comunidad. La agrupación Familias TEA La Plata expresó que Núñez, quien se presenta como empática por ser madre de una persona con autismo, ha mostrado una actitud insensible y se ha acomodado en el Estado, abandonando los principios que alguna vez dijo representar.
Además, se han denunciado casos de citaciones a beneficiarios de pensiones por invalidez a direcciones falsas en ciudades como Olavarría y Bolívar, parte de un «plan de revisión» impulsado por el director ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, que ha sido criticado por generar burocracia y miedo en lugar de resolver supuestos fraudes.
El contexto general refleja una política de desmantelamiento y precarización en la Agencia Nacional de Discapacidad, con despidos masivos de trabajadores, muchos con discapacidad, falta de presupuesto actualizado, y ausencia de políticas de inclusión y protección, según informes de organizaciones de derechos humanos y discapacidad. También se señala la falta de participación política de personas con discapacidad en los ámbitos de decisión y la reiteración de discursos violentos o degradantes hacia este colectivo por parte del gobierno.
En resumen, la gestión actual en materia de discapacidad bajo el gobierno de Javier Milei enfrenta una crisis institucional y social, con funcionarios como Romina Núñez siendo duramente cuestionados por su falta de empatía y respuestas insuficientes ante la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad y las instituciones que las apoyan.
Con NA.
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