POLÉMICA POR EL TRASLADO DE FISCALES A LA EX-ESMA: REPUDIO DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

Foto NA

El Ministerio de Justicia de la Nación anunció oficialmente este jueves el traslado de varias fiscalías a un edificio ubicado en el predio de la ex-ESMA, un sitio emblemático de la memoria donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y desaparición de personas durante la última dictadura militar argentina.

La medida, presentada por el Gobierno como parte de un plan para “fortalecer la justicia y optimizar recursos”, generó un inmediato rechazo de organismos de derechos humanos y de amplios sectores de la sociedad civil, que consideran la decisión una afrenta a la memoria colectiva y a las políticas de reparación.

Un lugar con historia

La ex-ESMA, hoy Espacio Memoria y Derechos Humanos, es un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia. Allí, entre 1976 y 1983, funcionó un centro clandestino por el que pasaron más de 5.000 detenidos-desaparecidos. Desde la recuperación democrática, el predio se transformó en un espacio de homenaje, reflexión y educación sobre los crímenes de lesa humanidad.

Foto Facebook.

El argumento oficial

Según el comunicado difundido por el Ministerio de Justicia, el traslado de las fiscalías responde a la necesidad de “mejorar la infraestructura judicial y acercar el servicio de justicia a la ciudadanía”. El Gobierno destacó que la medida permitirá “optimizar recursos y brindar mejores condiciones de trabajo a los fiscales y empleados judiciales”.

Rechazo y preocupación

Sin embargo, la decisión fue rechazada de inmediato por organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora y el CELS, quienes emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su “profunda preocupación” y exigen la “inmediata marcha atrás” de la medida. “La ex-ESMA es un sitio de memoria, no un edificio administrativo. Su uso debe estar orientado exclusivamente a la preservación y transmisión de la memoria histórica”, señalaron.

En redes sociales, cientos de usuarios también manifestaron su repudio, recordando la importancia de no banalizar los espacios donde se cometieron crímenes de lesa humanidad.

Una sociedad con memoria

El traslado de las fiscalías a la ex-ESMA reabre el debate sobre el uso de los espacios de memoria y la necesidad de políticas públicas que respeten la historia y el dolor de las víctimas. “No se trata solo de un edificio, sino de lo que representa para la sociedad argentina”, sostienen los organismos.

Por ahora, el Gobierno no dio señales de dar marcha atrás, aunque el rechazo social y el pedido de diálogo se multiplican.

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