En medio de una crisis social y política que no cesa, las recientes declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, han encendido aún más la polémica alrededor de la gestión del gobierno nacional. «El que las hace las paga», afirmó Bullrich refiriéndose a los hechos violentos ocurridos en Lomas de Zamora.
Sin embargo, lejos de promover un diálogo constructivo o un mea culpa, el titular del área decidió además acusar a quienes piensan distinto de estar intentando un golpe contra el gobierno.
Estas palabras, cargadas de una retórica confrontativa y maniquea, intentan desviar la atención de un asunto de gravedad que involucra directamente a su gestión. Pablo Grillo, fotógrafo de medios, fue fotografiado seriamente lastimado tras un operativo policial que responde a las órdenes bajo el mando de Bullrich. Su salud empeora, y la imagen de un ciudadano herido por las fuerzas que merecen garantizar su seguridad exponen una grave falla institucional.
En cualquier país con una democracia consolidada y un respeto básico por los derechos humanos, episodios de esta naturaleza habrían sido suficientes para provocar la remoción inmediata de un ministro de Seguridad. Sin embargo, en Argentina, la ministra Bullrich permanece en su cargo, sostenida por un poder político que parece inamovible pese a las críticas y la evidente crisis en las calles.
Este escenario pone sobre la mesa un dilema crítico: ¿es posible que un funcionario público, responsable de la seguridad ciudadana, pueda seguir al frente sin asumir las consecuencias de una actuación que pone en riesgo la integridad de los ciudadanos? ¿Cuánto pesa la acusación de golpe a la democracia para justificar una postura que raya en la negación y la polarización extrema?
En Notigital creemos que la gestión pública debe responder con transparencia y humildad ante los errores cometidos, mucho más cuando estos se traducen en daños reales y personas heridas. Sentenciar «el que las hace las paga» no puede ser una excusa para desconocer la responsabilidad de quienes tienen la autoridad y el deber de proteger al pueblo.
La ministra Bullrich debería prestar atención a la salud de Pablo Grillo y a la salud democrática del país, antes de lanzar acusaciones infundadas y perpetuar un clima de división que solo profundiza las heridas sociales. La sociedad argentina merece respuestas claras, justicia y, sobre todo, un compromiso genuino con la paz y los derechos humanos.
Mientras eso no suceda, la crisis en Lomas de Zamora no será un hecho aislado, sino un síntoma más de un problema mucho más profundo que la ministra y el gobierno deben enfrentar sin evasivas.
Sobre Nosotros
