La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, propuso modificar el Código Penal para “grabar” las conversaciones de personas detenidas.

La iniciativa fue rechazada por dirigentes del oficialismo y otros espacios políticos, ya que va en contra de derechos consagrados por la Constitución Nacional.

“Lo puedo grabar, tenerlo como elemento de prueba. Puedo no escucharlo y tenerlo con un sistema de protección a esa comunicación”, añadió. Explicó que esa conversación podría escucharse “si el día de mañana hay un delito y el juez lo ordena”.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuestionó la propuesta a través de la red social X (antes Twitter). “Imaginate lo que serían los planes de seguridad de una persona que desconoce el ABC del derecho constitucional”, sostuvo.

Por su parte, la abogada y candidata a diputada porteña de Unión por la Patria (UxP), Graciana Peñafort, remarcó que la Corte Suprema en la Acordada 17/2019 establece la confidencialidad absoluta de las comunicaciones entre abogado y cliente como parte de la garantía constitucional de la defensa en juicio.

“Barbaridades que se dicen cuando sos burra con ganas. Y lo que desconocés es la Constitución del país que pretendés gobernar”, sostuvo en su cuenta de X.

Sin embargo, remarcó que “lo hicieron igual en el gobierno del cual Bullrich fue ministra de Seguridad. El mismo que escuchó charlas protegidas constitucionalmente entre detenidos y sus abogados, filmó reuniones como la Gestapo PRO y espió a propios y ajenos. Todo ello fuera de la ley”, concluyó.

Bullrich también recibió críticas por parte de La Libertad Avanza (LLA). El candidato a diputado bonaerense Agustín Romo sostuvo que la candidata “no tiene ni idea de absolutamente ningún tema ni de seguridad, donde supuestamente es experta” y recalcó que es una “vergüenza”.

En tanto, el postulante a vicegobernador de LLA, Francisco Oneto, recordó también la Acordada 17/2019, la llamó “Patricia Burrich” y sostuvo que “la única garantía que conoce es la de la heladera”.

Un modus operandi del macrismo

La propuesta de Bullrich no es nueva. El espionaje ilegal fue una de las prácticas habituales a las que apeló el gobierno macrista, apoyadas en las tareas ordenados por la Mesa Judicial, que comandó durante esos tiempos el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

Las escuchas ilegales se dirigieron a políticos y empresarios opositores. Uno de los afectados fue el empresario Fabián De Sousa, accionista del Grupo Indalo, al punto de que se interceptaban comunicaciones con sus abogados cuando estaba detenido.

“Se grabaron las conversaciones que mantuve con mis abogados. Lo grave de esto es que fueron realizadas por la AFI, puntualmente por el área jurídica que dependía de la presidencia de la Nación”, declaró De Sousa tras recuperar la libertad.

La Agencia Federal de Investigaciones que conducía Gustavo Arribas, íntimo amigo de Macri, estaba involucrada, ya que las desgrabaciones eran utilizadas en procesos penales y comerciales.

Esas escuchas ilegales fueron aportadas a la Justicia por la entonces diputada Carrió, socia fundadora de la alianza Cambiemos.

También los familiares de las víctimas de la tragedia del submarino ARA San Juan sufrieron escuchas ilegales y seguimientos por parte de la AFI, quienes fueron fotografiados en varias ocasiones por agentes del organismo.

Fuente de información: https://www.c5n.com/