NUEVA POLICÍA Y CIBERPATRULLAJE EN LA ARGENTINA DE MILEI Y BULLRICH
El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, anunció recientemente la creación de una nueva fuerza policial con facultades ampliadas, incluyendo la posibilidad de detener personas sin orden judicial y la implementación de un sistema de ciberpatrullaje orientado a identificar y perseguir a quienes sean críticos del gobierno de Javier Milei.
Estas medidas han generado un intenso debate sobre los límites democráticos y el avance hacia prácticas consideradas autoritarias.
Detenciones Sin Orden Judicial
El anuncio oficial habilita a la nueva policía a realizar detenciones sin necesidad de una orden judicial previa, una prerrogativa que históricamente ha sido fuertemente cuestionada en el país por su potencial para vulnerar garantías constitucionales y derechos humanos. Diversos especialistas y organizaciones de derechos humanos han advertido que este tipo de facultades puede abrir la puerta a abusos y persecuciones arbitrarias.
Ciberpatrullaje y Persecución a Críticos
Junto con la nueva fuerza, el Ministerio de Seguridad anunció la intensificación del ciberpatrullaje, una estrategia que consiste en monitorear redes sociales y plataformas digitales para identificar discursos considerados “hostiles” o críticos hacia el gobierno nacional. Según fuentes oficiales, el objetivo es prevenir delitos y amenazas, pero sectores opositores y defensores de la libertad de expresión temen que se utilice como herramienta para silenciar voces disidentes.
Reacciones y Preocupaciones
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Organismos de derechos humanos: Han alertado sobre el riesgo de que estas medidas sean el preludio de un estado de sitio de facto, donde las garantías individuales quedan supeditadas al criterio de las fuerzas de seguridad.
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Oposición política: Legisladores y referentes opositores calificaron las medidas como un avance hacia un modelo autoritario, señalando la “delgada línea” que separa la seguridad de la represión política.
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Sociedad civil: Amplios sectores de la sociedad civil expresaron preocupación por la falta de controles independientes y la posible criminalización de la protesta social y la crítica política.
