NO AL CIERRE DE EASY: UNIDAD POPULAR DENUNCIA DESPLAZAMIENTO LABORAL POR PRESUNTO INTERESES INMOBILIARIOS
Unidad Popular de Tres de Febrero expresó su solidaridad con los trabajadores del supermercado EASY ubicado en Caseros, ante el cierre del local debido a una ordenanza aprobada en los últimos meses que permite al intendente Diego Valenzuela quedarse con los terrenos donde funciona el comercio. Esta medida ha generado preocupación y rechazo, ya que dejaría sin empleo a unas 60 familias.
Desde Unidad Popular manifestó públicamente su rechazo al cierre con la frase: «No al cierre de EASY!! Valenzuela consiguió la ordenanza para vender esos terrenos o que se los queda el municipio, seguramente para ‘negocios inmobiliarios’, dejando a 60 familias sin empleo».
El proyecto aprobado por el Concejo Deliberante de Tres de Febrero forma parte de un plan impulsado por Valenzuela para vender terrenos municipales ubicados en zonas como Caseros, Ciudad Jardín y Altos de Podestá para desarrollos inmobiliarios privados. Entre ellas se encuentra el predio en el centro cívico de Caseros donde está el supermercado EASY, lo que implicaría que la concesión del local finalice en 2026 y se permitirá la transformación del terreno para la construcción de viviendas y otros edificios.
Valenzuela y su equipo han argumentado que la iniciativa busca promover el acceso a la vivienda y financiar obras de infraestructura, defendiendo la medida como un desarrollo económico para el distrito. Sin embargo, la oposición política y vecinos han cuestionado que esta decisión se haya tomado a espaldas de la comunidad y advierten que esta medida genera incertidumbre y pérdida de puestos laborales, además de temores sobre un negociado inmobiliario que afectaría a las familias trabajadoras de la zona.
Por ello, Unidad Popular se sumó a las voces críticas y solidarias con los trabajadores afectados, denunciando que la ordenanza responde a intereses inmobiliarios que impactan negativamente en el empleo local y en la estabilidad de la comunidad de Caseros.
Esta situación refleja un conflicto entre el desarrollo urbano impulsado desde lo institucional y la defensa de los derechos laborales y sociales de los vecinos que ven cómo desaparecen fuentes de trabajo históricos en el distrito.
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