Redacción Canal Abierto | Se suele asociar al glifosato con la soja y las fumigaciones aéreas. Sin embargo, este herbicida -el más vendido del mundo- no es de uso exclusivo para este cultivo y son múltiples sus métodos de aplicación. En el noroeste argentino, por ejemplo, se lo utiliza de forma terrestre en las producciones de tabaco o yerba, pero también como “matayuyos” en plazas o terrenos baldíos.  

Esta utilización indiscriminada del agrotóxico que la OMS recategorizó como probable cancerígeno deberá cambiar, al menos en todo el territorio de Misiones. Es que la semana pasada la Legislatura local aprobó un proyecto de ley que lo prohíbe y establece un plazo de dos años para la transición, convirtiéndola así en la segunda provincia del país -después de Chubut, donde el veto rige desde 2020- libre de glifosato.  

En paralelo, el Poder Legislativo misionero también aprobó un proyecto que establece un marco regulatorio para la investigación, desarrollo, producción, procesamiento, registro, comercialización y utilización de productos biológicos naturales, conocidos como bioinsumos.  

“Celebramos la nueva normativa, pero el cambio que necesitamos es de paradigma: la experiencia, la naturaleza y la investigación ya dieron muestras suficientes de que el monocultivo trae aparejados múltiples impactos en la salud y el ambiente; mientras que una producción biodiversa es más sana y productiva a mediano y largo plazo”, señaló a Canal Abierto la médica pediatra e integrante de la organización Movimiento Nacional de Salud Popular (Laicrimpo), Marcela Bobato. 

Buenos rendimientos, costos más bajos y productores sin necesidad de endeudarse para la compra de agroquímicos son algunas de las ventajas que predican los impulsores de un modelo alternativo al hegemónico en nuestro país. Entre ellos, el director Nacional de Agroecología, Eduardo Cerdá: «Sobran experiencias exitosas para contagiar a cada vez más agricultores frustrados con lo viejo”. 

El uso de herbicidas en Argentina se incrementó cerca de un 1300% desde 1991, cuando el modelo hegemónico de producción ingresó en nuestro país. Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el uso anualizado de herbicidas -que representan el 75% de los agroquímicos utilizados- pasó de 19,7 millones de kg/l (se utiliza la expresión kg/l para indicar que pueden ser kilogramos o litros del producto) a 252,1 millones en el año 2011. Los datos oficiales de las empresas que comercializan estos productos y de fuentes del negocio agrícola indicaban en 2018 que se llegaron a usar 525 millones de Kg/l de herbicidas. El glifosato significa las dos terceras partes del total de químicos utilizados.  

En febrero de 2020, la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC) posicionó a la Argentina dentro del grupo de países con incidencia “media-alta” de casos de cáncer en el mundo, unos 218 casos por 100.000 habitantes. Un estudio reciente publicado en la revista científica Clinical Epidemiology and Global Health revela que en el sector agroindustrial santafecino, debido a la alta exposición a los plaguicidas, el número crece más de un 10 por ciento.   

Al igual que en casi todo el territorio nacional, no hay estudios oficiales sobre el impacto del agronegocio en la salud de los misioneros. No obstante, si existen relevamientos -como los del médico e investigador Hugo Gómez Demaio- respecto de los daños ocasionados en niños de zonas rurales, especialmente en la cuenca tabacalera.  

El camino hacia la norma  

De un tiempo a esta parte Misiones logró avances como la instauración de los ministerios de Ambiente y Agroecología. El hecho de que el propio Carlos Rovira -gobernador de la provincia entre 1999 y 2007- haya sido uno de los impulsores de la reciente prohibición del glifosato dice mucho del momento que atraviesa la provincia. Incluso varias figuras y referentes del ambientalismo críticos de quien hoy sigue siendo un hombre fuerte del peronismo le reconocen su respaldo a varias iniciativas detrás del slogan “Misiones Verde”.  

Luego de que en 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmara que el glifosato produce daño genético en humanos y recategorizara el herbicida como probable cancerígeno, un sector del peronismo misionero ya había convocado a un debate sobre el tema.

En aquel entonces la Legislatura votó una prohibición del uso de glifosato, pero dentro de los ejidos urbanos (plazas, por ejemplo). Cabe aclarar que si bien la norma se encuentra vigente desde 2020, no hay en la actualidad un organismo que fiscalice o controle su implementación.  

El lobby patronal y las objeciones de la oposición 

Aunque prestó su apoyo para que la prohibición se apruebe por unanimidad, desde la oposición cuestionaron el artículo que establece el plazo de dos años para su puesta en vigencia.  

En la misma línea, quien puso el grito en el cielo es la Confederación Económica de Misiones (CEM), que aglutina a más de 20 cámaras empresariales de toda la provincia y representa a yerbateros, tealeros, forestales y otros sectores. “No puede ser una imposición del Estado”, planteó.  

A su vez, la cámara cuestionó los tiempos de aplicación argumentando una supuesta “escasez de mano de obra para efectuar tareas de mantenimiento y limpieza en los cultivos”.  

“Todavía resta ver cómo se reglamenta la ley, si se crean regímenes que promocionen la transición necesaria y de qué forma se irá controlando que la prohibición sea efectiva, pero creemos que ya se dio un primer e importante paso”, asegura Bobato, quien anticipó que ya están trabajando en un proyecto para que el Estado asegure las ventas a aquellos productores agroecológicos.  

Fuente: https://canalabierto.com.ar