El presidente Javier Milei presentó recientemente un plan de reforma laboral y tributaria que busca modernizar las relaciones laborales en Argentina, con un enfoque marcado en flexibilizar contratos y dinamizar la economía formal. Entre las anunciadas desde la planta de Sidersa en San Nicolás, Milei destacó la renegociación de convenios colectivos para adaptarlos a la “realidad productiva actual”, la digitalización de registros para reducir trámites y el fin de lo que calificó como la “industria del juicio laboral”.
El proyecto permitiría nuevas libertades contractuales, incluyendo la posibilidad de pactar salarios en cualquier moneda, incluso en dólares, así como la implementación de bancos de horas para equilibrar productividad y bienestar. Milei defendió la reforma afirmando que busca dar previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal, especialmente en pymes, que generan la mayor parte del empleo en el país.
Sin embargo, estas propuestas han generado fuertes críticas por parte de sindicatos y especialistas, que consideran que la reforma es un retroceso para los derechos laborales. Acusan que disfrazada de “modernización”, la reforma busca limitar herramientas legales de los trabajadores para negociar mejores salarios y derechos, facilitar los despidos y advierten que podría incrementar la precariedad laboral y la informalidad. Los sindicatos señalan que la reducción de la llamada industria del juicio podría traducirse en un empobrecimiento del trabajador, y que las favorecen claramente a las medidas tratadas.
El gobierno ahora busca consenso parlamentario para impulsar estos cambios, aunque la CGT expresó su rechazo y preocupación por la falta de diálogo previo y por la profundización de una agenda que, según argumentan, favorece el capital sobre la clase obrera.
Esta reforma laboral se suma a la propuesta impositiva anunciada, con la que el Presidente pretende simplificar impuestos y promover la formalización, pero que también genera debate sobre sus posibles impactos sociales y económicos.
La tensión entre las promesas de generar empleo formal y las advertencias sobre la defensa de derechos laborales coloca a esta reforma en el centro de la agenda política, con un clima de fuertes polémicas y expectativas encontradas en Argentina.