MIENTRAS UPCN ACUERDA UN 1,3% DE AUMENTO POR DEBAJO DE LA INFLACIÓN, ATE RECHAZA Y LUCHA

Foto INFOGREMIALES

El reciente acuerdo entre el gobierno nacional liderado por Javier Milei y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ha desatado una fuerte controversia en el ámbito sindical y entre los trabajadores estatales.

La propuesta, que incluye un aumento salarial del 1,3% mensual acumulativo y un bono único de $45.000, ha sido duramente cuestionada por su insuficiencia frente a la inflación y por las implicancias negativas para los empleados públicos. Mientras tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha decidido rechazar este acuerdo y profundizar sus protestas en defensa del poder adquisitivo de sus afiliados.

El contenido del acuerdo y su impacto

El acuerdo firmado entre el gobierno y UPCN establece:

  • Aumentos salariales mensuales: Un incremento del 1,3% mensual acumulativo para los meses de marzo, abril y mayo.

  • Bono extraordinario: Un pago único de $45.000 a abonarse en mayo.

Sin embargo, estos aumentos han sido ampliamente criticados por no acompañar la evolución inflacionaria. Con una inflación de marzo del 3,7% y de febrero del 2,4%, los trabajadores estatales enfrentan una pérdida constante de poder adquisitivo. Este escenario se agrava al considerar que en lo que va de 2025 los salarios estatales han quedado rezagados frente al aumento sostenido de los precios.

La postura de ATE: rechazo y lucha

ATE ha decidido no suscribir al acuerdo, argumentando que aceptar incrementos salariales por debajo de la inflación es condenar a los trabajadores a una pérdida real de ingresos. Desde el gremio aseguran que su prioridad es proteger el poder adquisitivo de los empleados públicos y evitar que sigan siendo víctimas del ajuste económico.

En respuesta al acuerdo firmado por UPCN, ATE ha anunciado un plan de lucha que incluye movilizaciones y medidas de fuerza en todo el país. La organización considera que este tipo de negociaciones no solo perjudican a los trabajadores, sino que también consolidan políticas económicas regresivas que benefician a sectores privilegiados en detrimento del empleo público.

Críticas a UPCN: ¿un gremio funcional al ajuste?

La decisión de UPCN de aceptar un acuerdo considerado insuficiente ha generado malestar entre los trabajadores estatales y otros sectores sindicales. Las críticas apuntan a que el gremio estaría actuando como un aliado estratégico del gobierno, priorizando la estabilidad política por encima de las necesidades reales de los empleados públicos.

Para muchos estatales, esta postura representa una traición a sus intereses, ya que aceptar aumentos salariales por debajo de la inflación implica resignar derechos fundamentales. En este contexto, ATE emerge como una voz disidente que busca visibilizar las demandas reales del sector.

El conflicto se desarrolla en un escenario económico complejo, marcado por una inflación acumulada significativa en lo que va del año. Los aumentos en rubros esenciales como alimentos y servicios básicos han golpeado con fuerza a los salarios estatales, profundizando las dificultades económicas para miles de familias.

Además, el bono único acordado no compensa las pérdidas acumuladas ni ofrece una solución estructural al problema salarial. Para muchos trabajadores, este tipo de medidas son percibidas como paliativos temporales que no abordan las causas profundas del deterioro económico.

El acuerdo entre el gobierno nacional y UPCN pone en evidencia las tensiones internas dentro del movimiento sindical argentino frente al ajuste económico. Mientras UPCN opta por aceptar condiciones desfavorables para garantizar la gobernabilidad, ATE se posiciona como un actor crítico dispuesto a luchar por los derechos salariales de los trabajadores estatales.

Este conflicto refleja no solo las dificultades económicas actuales, sino también las divisiones dentro del sindicalismo argentino frente a un modelo económico que parece priorizar el ajuste sobre el bienestar social. En este contexto, la disputa entre ambos gremios podría marcar un punto clave en la defensa o resignación de derechos laborales fundamentales.

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