El juez de Garantías Juan Francisco Tapia ordenó a las autoridades de General Pueyrredón que «omitan todo despliegue por parte del Cuerpo de Patrulla Municipal sobre indigentes que impliquen violencia física o verbal, así como también la sustracción de documentos u objetos personales»
La Justicia de Mar del Plata hizo lugar a un recurso de habeas corpus presentado por referentes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y fijó límites a la intervención del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) impulsado por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que acumula denuncias por sus acciones violentas contra personas en situación de calle con la excusa de «liberar el espacio público».
Juan Francisco Tapia, del Juzgado de Garantías 4, ordenó a las autoridades que «omitan todo despliegue de operativos por parte del CPM sobre personas en situación de calle que impliquen violencia física o verbal, así como también la sustracción de documentos u objetos personales, ello en resguardo del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y la dignidad del colectivo vulnerable que ha sido objeto de la presente acción».
El magistrado remarcó en su resolución que «esta mirada en clave de reconocimiento de derechos humanos fundamentales no implica desconocer las facultades conferidas al municipio en el control del espacio urbano, todo lo contrario». «De lo que se trata es de la realización de procedimientos respetuosos de la vida, la integridad física y la dignidad de las personas respecto de las cuales se ejerce la respuesta estatal», concluyó.
El fallo llega luego de la polémica por la muerte de Gustavo Héctor Cabello, un indigente de 52 años que falleció el lunes en plena ola de frío. El hecho generó nuevas denuncias por el accionar de la Patrulla Municipal, en el marco de «un enfoque represivo que discrimina, criminaliza la pobreza y transforma la pobreza y marginalidad en una amenaza a ser eliminada del espacio público».
Tras el fallecimiento de Cabello, el abogado Julio Hikkilo, titular de la Casa del Trabajador, hizo una presentación en la Justicia contra el intendente, Guillermo Montenegro, y Vilma Baragiola, secretaria de Desarrollo Social del municipio, por la posible comisión de «homicidio, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad».
El letrado detalló que las patrullas municipales recorren las calles y, «mediante el uso sistemático de la fuerza, hostigan a las personas que pernoctan en la vía pública, despojándolas violentamente de sus escasos elementos de abrigo que son provistos solidariamente por vecinos y organizaciones sociales».
«Esta práctica, ejecutada de manera reiterada y pública, constituye una forma de castigo por el solo hecho de estar en situación de calle, y responde a una lógica punitivista que estigmatiza la pobreza y fomenta el odio hacia quienes la padecen, atentando lisa y llanamente con la presentación de vida de estas personas en situaciones de extrema vulnerabilidad«, lo que se agrava en el contexto de ola polar.
También se expresó al respecto la Mesa contra la Violencia Estatal de General Pueyrredón, que calificó de «fuerza de choque» a la Patrulla Municipal, cuyos actos violentos «se repiten todos los días en el distrito, como política municipal». «Notas, habeas corpus, denuncias penales, nunca fueron respondidos. El Concejo Deliberante archiva automáticamente los pedidos y denuncias con la mayoría automática del jefe comunal», agrega el texto publicado en redes sociales.
El intendente Montenegro, integrante del PRO pero cada vez más cerca de La Libertad Avanza, creó en 2020 el Cuerpo de Patrulla Municipal con el objetivo de «implementar programas de seguridad comunitarias, prevención de ilícitos e infracciones, así como también promover el desarrollo de estrategias que tiendan a optimizar la seguridad pública e interactuar con otras áreas de gobierno».
El jefe comunal hace una constante promoción de ese costado de su gestión y exhibe con orgullo en sus redes sociales cómo se golpea y maltrata a gente en situación de calle a través de varios videos en los que se criminaliza a la pobreza.
Fuente: https://www.c5n.com/
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