Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, ratificó esta mañana en los tribunales de Comodoro Py la denuncia por presunta estafa relacionada con la criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei y a otros empresarios.
Lozano estuvo acompañado por un equipo de abogados y expertos que apoyan la denuncia, que alega la existencia de una “asociación ilícita” que ha afectado a más de 40.000 personas con pérdidas estimadas en más de 4.000 millones de dólares.
Durante la presentación, Lozano expresó su preocupación por la demora en la recolección de pruebas, afirmando que cada minuto que pasa aumenta el riesgo de que las evidencias sean destruidas. En este sentido, solicitó al juzgado que actúe de oficio para asegurar la conservación de las pruebas necesarias para la investigación.
La denuncia original se centra en las acciones del presidente Milei, quien supuestamente promovió una criptomoneda no registrada por la Comisión Nacional de Valores, lo cual podría constituir una violación del orden financiero. Además, se menciona que Milei intentó establecer un canal de intermediación financiera no autorizado para proyectos relacionados con inteligencia artificial y tecnología.
Los denunciantes planean ampliar su acusación tras declaraciones recientes del presidente en una entrevista con Jonatan Viale y los comentarios del empresario Mark Davis. En particular, se destaca que Milei confirmó en esa entrevista que $LIBRA no estaba registrada y que había manipulación en la edición del reportaje, lo que podría haber ocultado información crucial para la investigación.
Lozano también mencionó la necesidad de allanamientos en la Casa Rosada y otros domicilios relacionados para secuestrar material electrónico relevante para el caso. Además, se busca asegurar los fondos mencionados por Davis, quien afirmó tener 100 millones de dólares disponibles para devolver a los inversores afectados.
La jueza María Servini está a cargo del caso, que incluye múltiples denuncias contra Milei y otros implicados. El fiscal Gerardo Pollicita evaluará si se debe instar a acción penal o archivar las denuncias. La situación se complica aún más con el creciente número de denuncias y el potencial impacto político sobre el gobierno actual.
Este escándalo ha generado un amplio debate en Argentina sobre la regulación de criptomonedas y las responsabilidades legales de los funcionarios públicos en este contexto.
