LAS TRES CENTRALES OBRERAS BONAERENSES REFUERZAN LA UNIDAD Y CONVOCAN A UNA MOVILIZACIÓN CONTRA LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO NACIONAL
Las tres principales centrales obreras de la provincia de Buenos Aires —CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y CGT— mantuvieron una reunión clave para profundizar la coordinación de acciones y dar continuidad al plan de lucha frente a lo que definen como “políticas de entrega y saqueo de la soberanía y el trabajo argentino” impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
En este encuentro, se resolvió convocar a una movilización el próximo 25 de junio al Ministerio de Desregulación, en rechazo a las medidas oficiales que, según los sindicatos, afectan gravemente los derechos laborales y el tejido social bonaerense.
Unidad en la acción y una agenda común
La reunión contó con la presencia de referentes de peso de las tres centrales: Oscar de Isasi (CTA Autónoma bonaerense), Hugo Yasky y Roberto Baradel (CTA de los Trabajadores), y dirigentes de la CGT, entre otros. En el encuentro, se ratificó la voluntad de “unidad contra el ajuste, el saqueo y la entrega” y se acordó “construir una agenda común que permita cuestionar a este Gobierno con la mayor cantidad de acciones posibles”.
Oscar de Isasi, secretario general de la CTA Autónoma bonaerense, destacó que las consecuencias de las políticas de ajuste y recorte “las vamos a terminar pagando los argentinos de a pie”. Remarcó la gravedad de la quita de fondos nacionales a la provincia, que afecta áreas clave como educación, salud, obra pública y programas sociales. “Sabemos con mucha claridad que el adversario a enfrentar es quien está desfinanciando brutalmente a los bonaerenses para priorizar la timba financiera y el negocio de cuatro vivos. Por eso marchamos para recuperar esos fondos”, afirmó.
Motivos de la protesta y demandas
Entre los principales reclamos, las centrales obreras exigen:
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Restitución de los fondos nacionales recortados a la provincia, que impactan en educación, salud, salarios y obra pública.
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Rechazo a los decretos presidenciales (como el DNU 340/25) que buscan restringir el derecho a huelga y la negociación colectiva.
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Defensa de los salarios, la paritaria libre y el aumento de los programas sociales.
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Repudio a la criminalización de la protesta social y a la represión de las movilizaciones.
Pablo Masciángelo (CTA de los Trabajadores) subrayó el impacto del recorte de políticas sociales sobre los sectores más vulnerables, mientras que Silvia Almazán (SUTEBA) precisó la deuda de fondos para educación, comedores escolares y obras de infraestructura. Claudio Arévalo (ATE) y Hugo Russo (AJB) sumaron el reclamo por la reincorporación de despedidos estatales y la mejora de las condiciones salariales y laborales en el sector público y judicial.

