En las últimas semanas, un grupo de trolls vinculados al gobierno nacional de Javier Milei lanzó una campaña de boicot contra empresas como Unilever y Molinos, acusándolas de aumentar los precios de manera abusiva. Esta iniciativa, que convoca a los consumidores a no comprar productos de estas compañías, representa un giro inesperado dentro del discurso oficial.
Hasta ahora, Milei y sus seguidores han defendido con firmeza la idea de que el mercado se regula solo, rechazando cualquier tipo de intervención estatal o ciudadana para controlar precios o corregir supuestas distorsiones económicas. Sin embargo, esta convocatoria a la acción directa por parte de sus propios trolls revela una contradicción difícil de ignorar: están pidiendo a la sociedad que intervenga en el mercado para castigar a empresas que, según ellos, se aprovechan de la situación.
Este cambio de estrategia pone en evidencia una tensión interna entre la teoría liberal que pregonan y la realidad económica que enfrentan. Reconocer implícitamente que el mercado no se autorregula perfectamente, al menos en el contexto actual, debilita el discurso radical contra el Estado y la intervención pública. Más aún, al promover un boicot popular, el gobierno y sus voceros terminan utilizando una forma de presión social que puede interpretarse como una intervención ciudadana en la dinámica de precios.
En definitiva, esta paradoja expone una grieta entre la retórica y la práctica dentro del oficialismo, que ahora se ve obligado a buscar soluciones fuera del libre juego de la oferta y la demanda, contradiciendo así los principios liberales que hasta hace poco defendían con vehemencia.