En un fallo que sacude el esquema de seguridad del Gobierno nacional, la Justicia Federal declaró hoy la nulidad del polémico «protocolo antipiquetes» impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La decisión, dictada por el juez federal Daniel Rafecas, responde a un amparo presentado por organizaciones sociales y sindicales, que argumentaron que la resolución 943/2023 viola derechos constitucionales como la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
El magistrado Rafecas resolvió que el protocolo, que autoriza a las fuerzas federales a desalojar cortes de tránsito durante manifestaciones sin intervención judicial previa, es «arbitrario e inconstitucional». En sus fundamentos, el juez destacó que «la protesta social es un derecho fundamental protegido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, y no puede ser restringido de manera desproporcionada por una norma administrativa». El fallo ordena al Ministerio de Seguridad abstenerse de aplicarlo y deja en suspenso su vigencia hasta una resolución definitiva.
El origen del protocolo y las críticas
El protocolo antipiquetes fue uno de los primeros medidas de Bullrich al asumir en diciembre de 2023, en el marco del paquete de reformas del presidente Javier Milei. Diseñado para «garantizar la libre circulación» en rutas y accesos clave, permitía el uso de balas de goma y gas lacrimógeno contra manifestantes que obstruyeran el tránsito, siempre que se notificara a un juez en un plazo de 24 horas.
Desde su implementación, generó controversias: defensores lo aplaudieron como herramienta contra el «desorden» en protestas de jubilados, piqueteros y sindicatos; críticos, como la CGT y organizaciones de derechos humanos, lo tildaron de «represivo» y contrario a fallos de la Corte Suprema, como el de 2006 que avaló la protesta pero limitó bloqueos indefinidos.
Reacciones políticas y tensiones en el oficialismo
Bullrich reaccionó con dureza en redes sociales: «Este fallo habilita el caos en las calles. Vamos a apelar y defender el orden público». Fuentes del Ministerio de Seguridad anticipan una apelación inmediata ante la Cámara Federal porteña. Del otro lado, el kirchnerismo y la izquierda celebraron: «Es un triunfo de la democracia contra la mano dura», tuiteó el diputado Leopoldo Moreau.
El revés judicial complica la estrategia de Milei ante un 2026 cargado de tensiones sociales, con paritarias pendientes y reclamos por ajuste. Analistas consultados por Notigital advierten que podría multiplicarse la litigiosidad contra otras normas de seguridad, como las reformas a la Policía Federal.
Este fallo no es aislado: en los últimos meses, la Justicia ya suspendió aplicaciones del protocolo en casos como el corte en la Panamericana por jubilados. Queda por verse si el Gobierno reformulará la norma o optará por un proyecto de ley para blindarla constitucionalmente.
Con NA.
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