Según informaron fuentes judiciales, la jueza María Eugenia Capuchetti envió a juicio oral y público a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, los detenidos por el atentado a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, ocurrido el pasado 1 de septiembre.

En rigor, la magistrada Capuchetti cerró la etapa de investigación del intento de asesinato a Cristina Kirchner, y desoyó los argumentos de la querella de la Vicepresidenta, que se oponía a que la causa llegue al debate oral sin pasar por otras líneas de indagación.

De esta manera, el caso sobre el atentado a Cristina Kirchner quedó en manos del Tribunal Oral Federal 6, el único que no tiene jueces titulares. Dicho organismo judicial está integrado por los magistrados suplentes Daniel Obligado, Sabrina Namer e Ignacio Fornari, y la intervención de la fiscal Gabriela Baigún.

“La querella manifiesta que no luce desproporcionado el plazo de detención que vienen sufriendo los imputados, y que por lo tanto debería priorizarse la persecución de una eventual elevación total de la causa. Sin embargo, como las defensas de los tres encausados vienen señalando en sucesivas presentaciones, se impone un rápido avance a la siguiente etapa”, sostuvo Capuchetti en el escrito en el que estableció el envío a juicio oral de la causa por el atentado a Cristina Kirchner.

Concretamente, la querella de Cristina Kirchner le exigió a Capuchetti que se investigue la pistola 9 milímetros que era insistentemente ofrecida en los grupos de WhatsApp de la agrupación liberal Revolución Federal, que estuvo varias veces vinculado con el intento de magnicidio a la Vicepresidenta debido a los mensajes de odio que se reprodujeron en esos chats.

En la misma línea, la querella reclamó que se profundice la investigación sobre el financiamiento de Revolución Federal y le pidieron a Capuchetti que llame a indagatoria a Rossana Pía Caputo, hermana del exministro macrista de Finanzas, Luis “Toto” Caputo, por supuestamente subvencionar a la agrupación libertaria.

Además, Capuchetti remarcó que los cuestionamientos a la investigación por parte de la querella de Cristina Kirchner “no resultan novedosas”, y dejó en claro que varios de los argumentos propuestos por la defensa de la Vicepresidenta ya fueron analizados en los trámites de recusación que se promovieron contra la magistrada, resultando rechazados tanto en la Cámara Federal como en la de Casación.

“Aún sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen”, enfatizó Capuchetti.

Cabe destacar que, el 29 de mayo, el fiscal Carlos Rívolo realizó ante la jueza Capuchetti un pedido de elevación a juicio, al considerar que el atentado a Cristina Kirchner se circunscribe solo a los tres imputados, Sabag Montiel, Uriarte y Carrizo, y negar la supuesta implicancia de Revolución Federal en el intento de magnicidio.

En efecto, Rívolo destacó que “la actividad desplegada por los nombrados (Sabag Montiel, Uriarte y Carrizo) para llevar a cabo el ataque no requirió -por sus características- de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios”, en un intento de desligar a Revolución Federal del atentado a Cristina Kirchner.

En este marco, la querella de Cristina Kirchner criticó el accionar de Rívolo, y pidió suspender la elevación a juicio del caso. No obstante, la jueza Capuchetti finalmente decidió este lunes enviar a debate oral a los detenidos por el intento de asesinato a la Vicepresidenta.

Vale mencionar, que Fernando Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte, fueron procesados el 15 de septiembre con prisión preventiva por intentar asesinar a Cristina Kirchner el 1 de ese mes, en un plan premeditado que comenzaron a idear en abril. Se les atribuye el delito de “coautores del delito de homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa”.

Por su parte, el jefe de Sabag Montiel y Uriarte, Nicolás Carrizo, está preso desde el 13 de septiembre por la causa que investigaba el intento de asesinatoa Cristina Kirchner. Su detención se dio luego de que entregara su teléfono cuando declaró como testigo, los mensajes que encontraron los peritos fechados el mismo día que se produjo el atentado, terminaron complicándolo: “Recién intentamos matar a Cristina”, “el arma es mía”, “mi empleado le quiso disparar”.

“Con todo lo mencionado en relación a la posibilidad de superar la etapa de instrucción en torno a las personas que se encuentran detenidas, mientras que se continúa profundizando, en paralelo, en relación a las líneas de investigación pendientes (o aquellas que pudieran surgir a sugerencia de cualquiera de las partes, o de terceras personas), habré de adoptar el temperamento sugerido por el Ministerio Público Fiscal en su dictamen”, sentenció Capuchetti.