La visita de diputados y diputadas de la La Libertad Avanza a un grupo de genocidas detenidos en la Unidad Penal de Ezeiza el 11 de julio es un escándalo que continúa generando rechazados e incluso internas en el oficialismo; la reivindicación de los crímenes de la última dictadura militar ahora tiene su foto pública para guardarla en la memoria. La foto fue difundida en la tarde del martes, en la previa de la sesión de la Cámara baja  en la que se debatirá en la creación de una comisión especial para evaluar la expulsión de los legisladores nacionales que participaron del encuentro.

El marco de la foto es un salón de la Unidad Penal de Ezeiza, de fondo un cruz y figuras de la virgen. En el medio de la imagen, sonriente y vestida con un tapado naranja que la destaca del resto, aparece Lourdes Arrieta, la legisladora que dijo que no sabía quién era Alfredo Astiz; uno de los anfitriones del encuentro, que aparece al fondo del grupo, casi oculto, sonriente en el extremo izquierdo de la imagen.

En el medio de la escena también aparece con cara adusta el diputado Beltrán Benedit, a quien todos señalan como el organizador de la visita. En cuanto a los genocidas, quienes aparecen en la imagen, además de Astiz, son Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Adolfo Donda, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arráez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo).

La diputada Romina Bonacci, que participó de la visita pero que dijo ser engañada y denunció que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la Casa Rosada sabían del encuentro, no aparece en la imagen. Bonacci había dicho en su descargo público que ella decidió no participar de esa imagen y tras conocerse, puede probarse.

Bonacci también denunció que, durante la reunión, Guglielminetti –exagente del Batallón de Inteligencia 601 condenado– le habría entregado un proyecto redactado en birome a Benedit. En la foto, Benedit aparece con una carpeta marrón en su mano. Según los dichos de la diputada de LLA, la carpeta tenía la leyenda “ideas de prisión domiciliaria”.

La imagen del grupo de diputados negacionistas la completan, de izquierda a derecha del tapado naranaja de Arrieta:  María Fernanda Araujo,  Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra. Araujo ingresó a la Cámara de Diputados para reemplazar a la vicepresidenta negacionista Victoria Villaruel, debido a que integró la listas de diputados en 2021, por pedido del ex funcionario y candidato presidencial Juan Gómez Centurión.

El siguiente en la foto sonriente es Montenegro, diputado por Buenos Aires que integró el Modin de Aldo Rico –al igual que los padre de la diputada Bonacci– y militó en el Partido Demócrata, del que Villarruel fue presidenta entre denunciadas de falsificación de actas. Junto a la vicepresidenta también integra la Fundación “Oíd Mortales”.

Montenegro, hijo de un militar, celebró días atrás la decisión del ministro de Defensa, Luis Petri, de disolver los equipos de relevamiento de archivos para las causas contra los genocidas: “Hay un cambio de época y una reivindicación hacia las Fuerzas Armadas”, celebró. La diputada de La Libertad Avanza que completa la foto es Alida Ferreyra, diputada por la Ciudad de Buenos Aires, una cruzada negacionista que suele calificar las políticas de derechos humanos como la “estafa de los desaparecidos”.

El insólito proyecto para “autoinvestigarse” de Arrieta

Una vez que la foto dio vueltas por todos lados, Arrieta -una de las visitantes de Astiz- presentó una iniciativa para que en el Congreso se conforme una Comisión Investigadora para conocer a fondo los detalles de la reunión entre diputados libertarios y los represores de la sanguinaria dictadura cívico militar. “La Comisión creada por medio de la presente tendrá por objeto la confección de un informe sobre conocimiento, la investigación y el esclarecimiento de los hechos que llevaron a la visita mencionada”, explicitó en el proyecto.

También detallá quiénes y cómo se debería conformar la Comisión y, en su último articulo, habilita a “solicitar todo tipo de pruebas relacionada con los hechos investigados” y a “librar oficios que considere pertinente”.