La supuesta democracia argentina y su política unitaria, lejos de ser federal, perpetúan los problemas de los ciudadanos sin resolverlos, sino agravándolos.
La mayoría elige diputados y senadores a nivel nacional por una ideología específica, pero estos terminan sin responder a los intereses que los llevaron al poder. El sistema genera una dependencia total de los gobiernos provinciales hacia la Nación, obligando a gobernadores desesperados por falta de recursos a alinearse con el poder central a cambio de fondos, en lugar de incentivar el desarrollo autónomo de sus provincias.
Esto se evidencia en cómo muchos legisladores ingresan por un espacio político y terminan votando con fuerzas opuestas, como ocurrió con la modernización laboral, donde diputados peronistas apoyaron a La Libertad Avanza. Tal «toma y daca» destruye la representatividad y frena cualquier progreso real.
Urge reformar el sistema para garantizar autonomía provincial, permitir que cada distrito recaude y decida sobre sus recursos sin la sustracción constante de la Nación, y devolver la capital a la Provincia de Buenos Aires, entre otras medidas estructurales. Solo así se logrará un federalismo genuino que beneficie a todos los argentinos.