La Federación Nacional Territorial (FENAT), junto con la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA Autónoma), emitieron un fuerte rechazo al decreto 383/2025 firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que modifica la ley orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA).
Según estas organizaciones, la norma representa un grave retroceso autoritario y un atentado contra las libertades públicas y los derechos constitucionales.
El decreto amplía las facultades de la PFA para realizar vigilancia masiva, ciber patrullaje de redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones sin orden judicial, además de autorizar el uso ostensivo de armas de fuego en el cumplimiento de sus funciones. Estas medidas, denuncian, habilitan el espionaje estatal sin control judicial y convierten a la ciudadanía en sospechosa permanente, configurando un «gravísimo ataque a la libertad política y los derechos constitucionales» y un «peligroso avance autoritario» que redefine a la Policía Federal como ejecutora directa de políticas de seguridad nacional sin supervisión judicial.
Desde la FENAT y la CTA Autónoma llaman a las organizaciones democráticas a mantenerse vigilantes y en diálogo para frenar este avance represivo. Exigen la inmediata derogación del decreto y el rechazo a cualquier aumento presupuestario para financiar estas acciones represivas, reclamando en cambio mayor inversión en educación, salud, ciencia, tecnología y cultura. Subrayan que este cambio de régimen autoritario se da en un contexto de agravamiento social y económico, y que el gobierno busca disciplinar a quienes defienden la democracia y resisten las injusticias sociales.
Expertos en derechos humanos y organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y CORREPI también alertan sobre la falta de controles judiciales y la ampliación de facultades policiales para la persecución y represión de protestas sociales, lo que podría derivar en una escalada de violencia institucional y violaciones a las garantías democráticas.
En resumen, el decreto 383/2025 es cuestionado por diversos sectores sociales y de derechos humanos como un retroceso autoritario que amenaza las libertades públicas y constitucionales, y moviliza a la sociedad civil a resistir y exigir la defensa de la democracia y los derechos humanos en Argentina.
