Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, realizó hoy lunes 1 de diciembre de 2025 una conferencia de prensa donde centró su mensaje en la necesidad urgente de que la Legislatura bonaerense apruebe un proyecto de endeudamiento.
El gobernador explicó que los fondos solicitados no están destinados a nuevas obras o gastos extraordinarios, sino a cubrir costos corrientes esenciales para mantener servicios básicos como salud, educación, seguridad y asistencia social.
Durante el encuentro, realizado en el Salón Dorado de la Gobernación y acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, Kicillof denunció una «crisis financiera agravada por retenciones y recortes en transferencias nacionales» y planteó que la deuda es un trámite imprescindible para sostener la gobernabilidad. Además, se anunció un fondo especial para los 135 municipios bonaerenses, destinado a equilibrar las finanzas locales ante la caída en el aumento y la pérdida de empleos e industrias que enfrenta la provincia.
El gobernador criticó la postura económica del gobierno nacional, indicando que la austeridad debe aplicarse a la política y no a la sociedad, y aseguró que la aprobación del endeudamiento permitirá continuar con las obras públicas, mantener los centros de salud, ampliar los servicios de ambulancias y patrullaje, y sostener la asistencia social. Recordó que la provincia reclama a la Nación una deuda acumulada de 13 billones de pesos, agravando la situación fiscal provincial.
Kicillof finalizó su discurso apelando a la responsabilidad política de la Legislatura para aprobar con celeridad la ley de financiamiento, remarcando que sin estos recursos será inviable sostener el funcionamiento de la provincia y sufrirán especialmente los sectores más vulnerables de la población.
Esta conferencia subraya la tensión entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno central respecto a la distribución de recursos y la gestión económica, con Kicillof insistiendo en la necesidad de conceder el endeudamiento para evitar una crisis mayor en la administración provincial que afecta los servicios públicos vitales.