Grecia atraviesa una fuerte crisis laboral que se refleja en la polémica medida del Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis, que propone ampliar la jornada laboral máxima a 13 horas diarias. La iniciativa, presentada como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha generado una intensa respuesta sindical que desembocó en un paro general de 24 horas en todo el país.
El proyecto de ley, que podría aprobarse antes de fin de mes, autoriza a los trabajadores a exigir a los trabajadores la extensión de su jornada laboral hasta ese máximo de 13 horas, aunque desde el Ejecutivo aseguran que la medida será voluntaria. En contraste, los sindicatos consideran que esta flexibilización implica una sobrecarga laboral insostenible para los trabajadores griegos.
El principal sindicato del sector privado, el GSEE, denunció que los empleados en Grecia ya tienen la mayor cantidad de horas anuales trabajadas dentro de la Unión Europea, además de reportar altos niveles de agotamiento y estrés. «Los empleados griegos se enfrentan a una verdadera distopía. ¡Ya basta! No podemos soportarlo más», afirmó el sindicato en un comunicado oficial durante la jornada de paro.
El paro nacional paralizó actividades y destacó la creciente tensión social por los ajustes económicos exigidos por el FMI, cuyos «rescates» suelen implicar reformas laborales que afectan las condiciones de trabajo. La protesta fue un claro mensaje contra el retroceso en derechos laborales que la población espera revertir, exigiendo un modelo que garantice un trabajo digno y humano.
Esta medida refleja cómo las políticas económicas derivadas de los planos de ajuste internacional afectan directamente la calidad de vida de los trabajadores, y abre el debate sobre los límites del trabajo en contextos de crisis económica.