A pesar de sostener repetidamente que “no hay plata” y de despotricar contra las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad por considerar que generan déficit, el Gobierno apura un aumento salarial para funcionarios de alto rango para los inicios de 2026. 

Tras dos años de congelamiento, el Ejecutivo sostiene que se trata de “una recomposición salarial” para la planta jerárquica del Estado, incluidos el presidente, la vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios, entre otros.

La medida se implementará a través de un decreto del propio Javier Milei, que el mandatario firmará este martes. Sin embargo, su publicación en el Boletín Oficial se realizará el viernes 2 de enero. 

Aunque no es su intención, el aumento para funcionarios reconoce una importante pérdida del poder adquisitivo desde la llegada de Mileo al poder. Según calculan en Casa Rosada, los sueldos jerárquicos habrían experimentado una caída de alrededor del 60% en términos reales, después de un 2024 con una inflación acumulada del 117,8% y un 2025 que acumula un IPC del 27,9% hasta noviembre.

En Balcarce 50 repiten que “no va a haber un trato diferencial” respecto del resto de los trabajadores del Estado y aseguran que el incremento no superará a los otorgados a los empleados públicos.

Las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) incluyeron en 2024 aumentos escalonados de entre el 1% y el 3,5% mensual más sumas fijas, mientras que en 2025 se aplicaron ajustes de entre el 1,1% y el 1,3% mensual entre junio y noviembre, según las actas oficiales. 

En la actualidad, el esquema salarial vigente contempla sueldos brutos de $4 millones mensuales para el presidente, $3,7 millones para la vicepresidenta, $3,58 millones para los ministros, $3,2 millones para los secretarios y $2,8 millones para los subsecretarios. 

Los libertarios aseguran que el congelamiento de esos montos amplió la brecha con el sector privado y que «eso dificulta cubrir cargos estratégicos”. 

Lo cierto es que ya una vez, en marzo de 2024, el Gobierno había intentado aplicar un aumento salarial para los funcionarios del Ejecutivo. Cuarenta y ocho horas después, el propio Milei anulaba la medida por el rechazo generalizado de la opinión pública. 

El escándalo entonces fue de tal trascendencia que terminó con la salida del entonces secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert. 

Dos años después, el oficialismo vuelve a la carga y prepara un aumento para sus funcionarios de más alto rango como una de sus primeras medidas para 2026. Las prioridades claras.