Un fuerte operativo de seguridad bloqueó el acceso a la movilización por la emergencia en discapacidad.
La mañana del miércoles 4 de junio, en el marco de una masiva movilización convocada frente al Congreso de la Nación, diversas organizaciones de personas con discapacidad y sus acompañantes terapéuticos denunciaron que efectivos de Gendarmería Nacional impidieron su llegada a la Ciudad de Buenos Aires. El operativo se desplegó en distintos accesos, especialmente en la autopista del Oeste, donde los manifestantes fueron interceptados, escoltados de regreso y, en algunos casos, sometidos a controles vehiculares sin justificación clara.
Testimonios y denuncias
Silvina, terapeuta que viajaba desde Moreno junto a niños y familias, relató que los gendarmes no solo les impidieron el paso, sino que los escoltaron de vuelta para asegurarse de que no tomaran otra ruta hacia el Congreso:
“Nos tuvimos que volver escoltados por Gendarmería para asegurarse que no tomemos otra ruta para ir al Congreso. Así que desde la autopista de Zona Oeste, Moreno, nos volvimos porque había niños”.
En otros casos, las fuerzas de seguridad argumentaron la falta de una “hoja de ruta” —documento exigido para excursiones educativas— como pretexto para detener y amenazar con multar a los vehículos que trasladaban a personas con discapacidad y sus acompañantes.
Contexto de la protesta y el operativo
La movilización, que reunió a jubilados, médicos residentes, colectivos feministas, investigadores del CONICET, estudiantes universitarios y personas con discapacidad, fue convocada para reclamar por el desfinanciamiento de la educación pública, la salud y la falta de actualización de los prestadores médicos de discapacidad, entre otros reclamos. El Congreso se encontraba “blindado” por un operativo conjunto de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, con cortes de tránsito y vallados en todas las inmediaciones del Palacio Legislativo.
Las organizaciones de discapacidad, nucleadas en asambleas como “Discas en Lucha”, advirtieron que la decisión del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, de bloquear los accesos, buscó explícitamente reducir el caudal de manifestantes en defensa de la salud pública, los jubilados y el sistema científico y tecnológico.
Prácticas reiteradas y clima de intimidación
No es la primera vez que el Gobierno nacional implementa medidas para desalentar la llegada de manifestantes a la Ciudad de Buenos Aires. En ocasiones anteriores, se denunciaron mensajes intimidatorios en estaciones de tren y cacheos al azar, con pedidos de DNI sin motivo, buscando reducir la cantidad de asistentes a protestas frente al Congreso.
El trasfondo: ajuste y emergencia en discapacidad
Las protestas se dan en un contexto de fuerte ajuste sobre el sector de discapacidad: recortes en pensiones, suspensión de terapias, retrasos en pagos a prestadores y vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad. Mientras tanto, en el Congreso se debatía un proyecto para declarar la emergencia en discapacidad hasta 2027, que incluye recomposición de aranceles y actualización automática por inflación, así como mejoras en las condiciones de acceso a beneficios y pensiones no contributivas.
La política oficial en materia de discapacidad ha sido calificada por referentes del sector como “cruel e ignorante”, y las organizaciones advierten sobre el impacto directo en la vida de miles de personas y familias.
En síntesis: El despliegue de Gendarmería para impedir el paso de personas con discapacidad y sus acompañantes rumbo al Congreso refleja una estrategia oficial para limitar la protesta social, en un contexto de ajuste y reclamos urgentes por derechos básicos. Las denuncias de bloqueos, controles arbitrarios y escoltas forzadas suman un nuevo capítulo a la tensión entre el Gobierno y los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.
