El 22 de marzo de 2002, la jueza británica Elizabeth Butler-Sloss tomó una decisión histórica al autorizar la eutanasia de “Miss B”, una asistente social paralizada que luchaba por su derecho a “morir con dignidad”.
Conectada a un respirador artificial tras una operación fallida, Miss B, de 43 años, argumentó ante los tribunales que prefería la muerte a una vida sin calidad. La jueza accedió, permitiendo que se desconectara el equipo, y la mujer falleció esa misma noche en un hospital londinense.
Este caso marcó un hito en el debate global sobre la eutanasia y el suicidio asistido. En Reino Unido, donde la práctica sigue prohibida, la sentencia resaltó el equilibrio entre el derecho a la vida y la autonomía personal. Miss B, identificada póstumamente como Diane Pretty en casos similares, generó titulares mundiales y avivó discusiones éticas, legales y médicas. Organizaciones pro-vida protestaron, mientras defensores de los derechos humanos la vieron como un triunfo de la dignidad.
En Argentina, este suceso resuena en el contexto actual del debate por la legalización de la eutanasia y la muerte digna, impulsado por proyectos legislativos en el Congreso. Casos como el de Miss B inspiran reflexiones sobre el final de la vida en sistemas de salud públicos. Veinticuatro años después, la efeméride invita a pensar en los avances bioéticos y los dilemas que enfrentan pacientes terminales en todo el mundo.