BUENOS AIRES, 20 de marzo de 2026.- La denuncia contra Manuel Adorni sacudió el escenario político tras la presentación judicial de la diputada nacional Marcela Pagano. El escrito apunta directamente contra el jefe de Gabinete por supuestos delitos de fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles.
En este sentido, la presentación judicial busca determinar si existió un direccionamiento en contratos de mensajería masiva y en la millonaria concesión del predio ferial Tecnópolis. La acusación describe un complejo entramado de sociedades vinculadas que habrían simulado competencia en perjuicio del erario público nacional.
Bajo esta premisa, la investigación penal solicita medidas de prueba urgentes para analizar licitaciones que superan los 3.650 millones de pesos. Por su parte, el foco también se posa sobre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que depende directamente de la Jefatura de Gabinete.
Detalles de la denuncia contra Manuel Adorni y las firmas implicadas
El eje central de la investigación sobre la denuncia contra Manuel Adorni reside en las licitaciones impulsadas desde la Secretaría de Comunicación y Medios. Según el documento, se habría adjudicado a la firma ATX S.A. un contrato sideral para servicios de comunicación digital que incluye llamadas automatizadas y correos electrónicos.
Asimismo, la denuncia advierte sobre posibles vínculos societarios entre las empresas ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L. Esta relación podría configurar lo que en derecho penal administrativo se conoce como “simulación de competencia”. Este fenómeno ocurre cuando empresas relacionadas participan de una misma puja para garantizar que el beneficio quede siempre en el mismo círculo económico.
No obstante, las irregularidades no se limitarían solo a los nombres de las firmas, sino también a las variaciones de precios detectadas en procesos similares. Por consiguiente, la Justicia deberá determinar si hubo un sobrecosto planificado en estas contrataciones de servicios de mensajería masiva durante el último año.
El conflicto de intereses en la concesión de Tecnópolis
Otro punto crítico del escrito judicial menciona la gestión del predio de Tecnópolis, un proceso valuado en más de 183.300 millones de pesos. En este marco, la diputada Pagano detalló conexiones que involucrarían a la consultora “+Be”, propiedad de la esposa del funcionario, Bettina Julieta Angeletti.
Bajo este esquema, se mencionan relaciones comerciales con el “Grupo Foggia”, vinculado a una de las empresas preseleccionadas para la concesión del predio estatal. La figura de las “negociaciones incompatibles con la función pública” aparece aquí como el principal riesgo legal para los funcionarios que intervienen en estos pliegos.
Asimismo, la denuncia solicita investigar si estas relaciones comerciales previas influyeron en la toma de decisiones estatales para favorecer a firmas específicas. El entramado descrito en la presentación judicial sugiere una red de influencias que colisionaría directamente con la Ley de Ética Pública y los deberes de transparencia.
Finalmente, la denuncia contra Manuel Adorni incluye pedidos para analizar el presunto enriquecimiento ilícito y la asociación ilícita de los actores involucrados. En los próximos días, la fiscalía deberá decidir el curso de las medidas de prueba solicitadas para esclarecer estas graves acusaciones que afectan la transparencia institucional.
Con NA.
