La Defensoría del Pueblo de Avellaneda ha presentado oficios administrativos solicitando reuniones con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su par de Economía y la entidad bancaria involucrada, para esclarecer la polémica entrega de viviendas del programa Procrear a miembros de las fuerzas federales.
Denuncias de beneficiarios del Procrear sostienen que, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos y etapas del programa, les fueron arrebatadas las viviendas que les correspondían, las cuales habrían sido entregadas a policías y personal de seguridad. Los afectados califican esta situación como una «estafa», ya que sienten que se les ha vulnerado su derecho a la vivienda tras haber cumplido con las condiciones establecidas.
La Defensoría del Pueblo busca con estas gestiones obtener explicaciones oficiales y respuestas concretas sobre el destino de las viviendas y la transparencia del proceso de asignación, que ha generado un fuerte malestar social en la comunidad de Avellaneda y en otros sectores afectados.
Este reclamo pone en evidencia una problemática que involucra a distintos organismos del Estado y a la banca, y que requiere una pronta intervención para garantizar la justicia y el cumplimiento de los derechos de las familias beneficiarias del Procrear.
Con NA.
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