Mientras el país atraviesa una profunda crisis económica con inflación que no baja del 2% y miles de familias luchan por llegar a fin de mes, el gobierno nacional impulsó un contundente aumento del 90% en los salarios de altos funcionarios a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La medida, que beneficia a una casta privilegiada de jerarcas públicos, contradice el discurso oficial de austeridad y pone en evidencia que la «lucha contra la casta» fue solo una promesa electoral.
El DNU, publicado en el Boletín Oficial en los primeros días de enero, establece un incremento salarial retroactivo que eleva los sueldos de ministros, secretarios y otros cargos de alto rango por encima de lo que perciben la mayoría de los empleados públicos estatales.
En un contexto de recesión, con el PIB cayendo un 3,5% en 2025 según datos del INDEC y una pobreza que afecta al 45% de la población, este «aumentazo» genera indignación en sectores opositores y sociales. «Es un golpe de gracia a la credibilidad del gobierno. Hablan de sacrificio compartido, pero se sirven primero», lanzó el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau en redes sociales. Sindicalistas como Héctor Daer, de la CGT, cuestionaron la medida al advertir que «mientras los jubilados cobran migajas, los de arriba se reparten el pastel».
Silencio en los medios oficialistas
Lo más llamativo es el bajo perfil que los medios afines al gobierno le dieron al DNU. Portales como La Nación y Clarín apenas mencionaron el tema en notas breves, mientras que canales como LN+ y TN optaron por priorizar coberturas sobre la «estabilidad macroeconómica». En contraste, si un aumento similar se hubiera dictado durante gestiones anteriores como las de Alberto Fernández o Cristina Kirchner, la prensa opositora habría desatado una catarata de críticas, denuncias de corrupción y editoriales furiosos.
Expertos en derecho administrativo, como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, cuestionaron la legalidad del DNU: «No se justifica la urgencia en un ajuste salarial para pocos. Viola el principio de igualdad ante la ley y podría ser declarado inconstitucional por la Justicia». De hecho, ya se anuncian presentaciones judiciales de la oposición para frenar el decreto.
Plata hay, pero no para todos
El gobierno defiende la medida argumentando que busca «retener talento» en un momento de fuga de capitales humanos calificados. Sin embargo, los críticos señalan que este 90% equivale a más de 20.000 millones de pesos extras anuales solo para 200 cargos superiores, dinero que podría destinarse a subsidios para pymes o el bono de fin de año para jubilados.
Este episodio reaviva el debate sobre la coherencia del modelo libertario impulsado por Javier Milei desde diciembre de 2023, que prometía poda del Estado pero acumula DNU por encima de los 400. Con elecciones legislativas en el horizonte, el malestar social podría traducirse en protestas callejeras.
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