El 16 de diciembre de 1993 estalló en Santiago del Estero el conocido como «Santiagueñazo», una masiva protesta popular contra las políticas neoliberales del gobernador Fernando Lobo, alineadas con el ajuste del gobierno nacional de Carlos Menem.
La revuelta, que se extendió hasta el día siguiente, incluyendo la ocupación de la ciudad por obreros y ciudadanos empobrecidos, con el incendio de la Casa de Gobierno, el Poder Judicial, la Legislatura y el Archivo Provincial, además de ataques a viviendas de funcionarios y quema de vehículos oficiales. Los enfrentamientos con la policía y la gendarmería dejaron al menos cuatro muertos y cientos de heridos, marcando un estallido social que obligó al retroceso del ajuste provincial y al anuncio de una intervención federal desde el Vaticano, donde Menem era nombrado conde.
Este suceso no surgió de la nada: desde el 10 de diciembre, reclamos contra el ajuste económico habían ganado fuerza en una provincia azotada por la pobreza, con movilizaciones que culminaron en la toma total de Santiago y su extensión a La Banda. La furia popular reflejaba el descontento generalizado por la crisis económica de los ’90, donde el modelo neoliberal profundizaba desigualdades; Los manifestantes derrotaron inicialmente a las fuerzas de seguridad, forzando al gobierno nacional a implementar un programa de «trabajo temporal» para calmar las aguas. La intervención federal reemplazó a Lobo por Juan Schiaretti, convirtiendo al Santiagueñazo en un hito de resistencia obrera y popular en la historia argentina reciente.
El impacto trascendió lo local: este levantamiento prefiguró otros estallidos sociales de la década, como el «Argentinazo» de 2001, y evidenció las tensiones entre el poder político y las masas desposeídas en el interior del país. Hoy, el 16 de diciembre evoca esa lucha por dignidad y justicia social en Santiago del Estero, recordatorio de cómo la movilización popular puede derribar gobiernos provinciales y cuestionar políticas nacionales.
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