“Me parece que la gente se cansó de la hipocresía”, dijo Adorni en la noche del 9 de mayo, invitado en un programa de televisión, para criticar el paro de la CGT e instalar la idea de que no fue contundente. En las últimas horas se filtró un documento que muestra que el vocero presidencial crítico del sindicalismo quiso ser secretario adjunto del Sindicato Argentino de Empleados de Delivery y Afines (Saeda), aunque el entonces Ministerio de Trabajo no aprobó la personería jurídica. 

“Listado de afiliados que adhieren a la asociación sindical”, dice el encabezado del documento presentado el 17 de diciembre de 2019, a pocos días de la asunción de Alberto Fernández.  Adorni se inscribió como trabajador de “delivery”, ya que era empleado de Tesir SRL, una empresa dedicada al rubro de la mensajería. En los papeles para solicitar la inscripción gremial, el vocero presidencial buscaba secundar en el gremio a Miguel Fernando Soliz, quien sería el secretario general. 

En la documentación presentada entonces ante la cartera de Trabajo, según publicó Infogremiales, Saeda presentó los papeles de su asamblea constitutiva, la elección de su comisión directiva, el Estatuto Social y 86 afiliados, de los cuales 36 fueron observados por el ministerio. Otra observación hecha entonces fue que buscaban una representación a nivel nacional, cuando sus menos de 100 afiliados estaba radicados en la Ciudad de Buenos Aires.

La intención de Adorni de participar en la vida gremial choca contra su discurso encendido durante el paro reciente de la CGT, al que calificó como “un cúmulo de amenazas, extorsiones y miedo que quisieron inculcar y lograron lo que lograron” y apuntó, en particular, contra el gremio conducido por los Moyano: “Hubo fuerzas de choque del sindicato de Camioneros evitando que los trabajadores puedan ingresar a las fábricas en Pacheco, Mataderos y San Martín”.

Esas palabras de Adorni en el programa de TN presagiaron la jugada desplegada este miércoles por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en su exposición ante el Senado, cuando informó que en la Línea 134 –habilitada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para recibir denuncias por “extorsión” contra organizaciones socales y gremios– registraron 4000 llamadas, de las cuales 200 serán fuente de una presentación penal contra los sindicatos.

El documento filtrado desde la actual Secretario de Trabajo, a cargo de Julio Cordero; y bajo la órbita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se conoció en la últimas horas a pesar de haber quedado en los cajones del ministerio desde antes del inicio de la gestión de La Libertad Avanza.

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