El Gobierno nacional aplicó nuevamente su protocolo represivo contra los trabajadores. Esta vez, fue contra cooperativas y directores de obra del programa Agua + Trabajo, que se encargaba de llegar agua potable y cloacas a las zonas más vulnerables.
Los trabajadores reclamaban por pagos adeudados desde diciembre por obras que ya estaban terminadas, pero que no se habían terminado de pagar.
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