El gobierno nacional de Javier Milei ha desatado una serie de acciones que afectan directamente a las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires, combinando medidas económicas y decisiones simbólicas que generan tensiones políticas.
El Ministerio de Salud intimó a ambas provincias a regularizar deudas por US$330 millones vinculadas al financiamiento de hospitales SAMIC, otorgándoles 15 días para cumplir. Paralelamente, el presupuesto 2025 de Milei elimina asignaciones clave como el 11% del IVA y fondos del impuesto a los combustibles, lo que reduciría ingresos provinciales en US$5.000 millones.
En el caso de Buenos Aires, el ajuste fiscal ya provocó una caída del 10,9% en coparticipación y 81,7% en transferencias obligatorias durante 2024, según datos de la gestión de Axel Kicillof, equivalente a 3,5 billones de pesos. Este escenario se agrava con la paralización de obras públicas, que suman pérdidas de 8 billones.
En Santa Cruz, el gobierno nacional ordenó el derribo de un monumento a Osvaldo Bayer, historiador clave en la memoria de las Huelgas Patagónicas (1920-1921). La acción, realizada un día después del Día Nacional de la Memoria, fue calificada como un intento de borrar la historia y persecución ideológica por parte de organizaciones sociales y políticas locales.
La exsecretaria de Derechos Humanos de Santa Cruz, Nadia Astrada, denunció que la medida busca “silenciar la verdad” y atacar la identidad provincial, mientras que referentes como Sergio Bucci (Gobierno de Santa Cruz) destacaron que Bayer es autor de “La Patagonia Rebelde”, obra fundamental para la región.
El gobierno de Milei ha declarado 2025 como “Año de la Reconstrucción”, manteniendo su línea de ajuste fiscal. Sin embargo, críticos señalan que estas medidas buscan desfinanciar a Buenos Aires en un año electoral, donde Axel Kicillof enfrenta presiones económicas y políticas.
Además, Milei ha promovido a Espert como posible candidato en Buenos Aires para 2025, mientras que su vocero, Manuel Adorni, emerge como figura en la Capital. La combinación de recortes y acciones simbólicas como el derribo del monumento a Bayer refuerza la percepción de una estrategia para fortalecer alianzas políticas y debilitar a opositores.
Organizaciones sociales y políticas en Santa Cruz anunciaron acciones legales y movilizaciones para defender la memoria histórica, mientras que en Buenos Aires, Kicillof denuncia un “ajuste anti-federal” que compromete servicios esenciales. La Multisectorial por los Derechos Humanos y la Comisión por la Memoria de las Huelgas ya coordinan respuestas conjuntas.
En síntesis, el gobierno de Milei articula un doble ataque: por un lado, asfixia financiera mediante recortes y deudas impuestas; por otro, agresiones simbólicas que reescriben la memoria histórica. Ambas estrategias se entrelazan con el calendario electoral, donde la presión sobre Kicillof y la promoción de Espert son ejes centrales.