El gobierno nacional de Javier Milei, a través del Ministerio de Defensa, está impulsando una iniciativa denominada «Memoria completa» que busca revalorizar y reabrir la interpretación histórica sobre los crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la década de 1970, con especial foco en el atentado contra el capitán Humberto Viola y su familia en 1974 en Manchalá.
Esta acción se enmarca en la desclasificación total de archivos de la SIDE sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar, con el objetivo declarado de contar «la historia completa» y reconocer ciertos ataques guerrilleros como crímenes de lesa humanidad.
El caso emblemático es el atentado del ERP contra el capitán Viola, donde murieron el militar y su hija menor, y la hija mayor resultó gravemente herida. La familia Viola llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscando que se reconozcan estos hechos como delitos de lesa humanidad y se reabra la investigación. En 2024, el gobierno de Milei llegó a un Acuerdo de Solución Amistosa con la familia, reconociendo la responsabilidad internacional de Argentina y calificando el atentado como un crimen de lesa humanidad, en contraste con la postura previa del gobierno de Alberto Fernández que consideraba el hecho prescriptible y no de lesa humanidad.
Esta medida forma parte de una estrategia política que busca equiparar los crímenes de las organizaciones guerrilleras con los cometidos por el Estado durante la dictadura, lo que ha generado controversia. La oposición y expertos legales sostienen que los delitos cometidos por grupos como el ERP y Montoneros no pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad, ya que esta categoría legal se aplica a ilícitos cometidos por el Estado o sus agentes, y que en todo caso, si se comprueba que miembros de estas organizaciones mataron civiles, deben ser juzgados bajo el debido proceso y el estado de derecho, no bajo la figura de lesa humanidad que implica imprescriptibilidad y gravedad especial.
Además, el gobierno de Milei ha ampliado las competencias de las Fuerzas Armadas, otorgándoles un rol más activo en seguridad interior y en la «batalla cultural» sobre la memoria histórica, con la intención de instalar una narrativa que equipare a guerrillas y Estado, y que permita la reapertura de juicios contra ex guerrilleros, en un contexto de creciente militarización y desclasificación de documentos.
En resumen, la iniciativa «Memoria completa» del gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Defensa, busca instalar la idea de que el ERP y el Estado «son lo mismo» en cuanto a crímenes cometidos, especialmente en casos como el atentado contra el capitán Viola en 1974, declarando estos hechos como delitos de lesa humanidad. Sin embargo, esta postura es polémica y contraria a la interpretación jurídica tradicional que distingue entre crímenes de Estado y acciones insurgentes, y que aboga por juzgar a los miembros de guerrillas bajo el debido proceso y no bajo la figura de lesa humanidad.
Con NA.
