En una decisión que ha generado un fuerte rechazo en amplios sectores sociales y políticos, el Ministerio de Justicia anunció que la Secretaría de Derechos Humanos será degradada a Subsecretaría.
El argumento oficial esgrimido por el gobierno de Javier Milei es el de siempre: reducir gastos y avanzar hacia el equilibrio fiscal. Sin embargo, detrás de esta medida se esconde un claro retroceso en la política de Derechos Humanos que posicionó a la Argentina como ejemplo mundial en la materia.
Ajuste fiscal o ajuste de memoria
El gobierno nacional intenta vender este recorte como parte de una gestión eficiente y austera. Pero reducir la jerarquía institucional de la Secretaría de Derechos Humanos no es un simple trámite administrativo: es un mensaje político. Significa restar peso, recursos y visibilidad a un área clave para la democracia argentina, que durante décadas lideró la investigación y el juzgamiento de los crímenes de la dictadura militar.
Desde el regreso de la democracia, todos los gobiernos —con matices— mantuvieron un consenso básico sobre la importancia de las políticas de memoria, verdad y justicia. Incluso en momentos de crisis, la Argentina no retrocedió en su compromiso con los Derechos Humanos. Hoy, el ajuste fiscal se convierte en un ajuste de la memoria colectiva.
Un retroceso con consecuencias
La degradación de la Secretaría a Subsecretaría implica menos presupuesto, menor capacidad de acción y una clara señal de desinterés por parte del Ejecutivo. Organismos de Derechos Humanos, referentes políticos y sociales advierten que esta medida debilita la institucionalidad construida con esfuerzo y pone en riesgo la continuidad de investigaciones fundamentales para esclarecer lo ocurrido en la década más oscura de nuestra historia.
No es casualidad que esta decisión llegue en un contexto de discursos negacionistas y de desfinanciamiento de políticas públicas orientadas a la memoria. El gobierno de Milei parece decidido a desmantelar los consensos que hicieron de la Argentina un país respetado internacionalmente en materia de Derechos Humanos.
¿Qué se busca ocultar?
Reducir la Secretaría de Derechos Humanos a una mera Subsecretaría es un ataque directo a los pilares de la democracia argentina. Es, en definitiva, un intento de borrar de la agenda pública la incómoda pregunta sobre qué pasó durante la dictadura, quiénes fueron los responsables y por qué es fundamental seguir investigando.
La historia reciente nos enseña que el olvido nunca es inocente. Cuando un gobierno decide recortar en Derechos Humanos, no solo ajusta el presupuesto: ajusta también la memoria, la verdad y la justicia. Y eso, en un país como el nuestro, es inaceptable.