DIPUTADOS: DEMOCRACIA PARA SIEMPRE PRESENTÓ UN PROYECTO PARA DEROGAR LA REFORMA DE LA POLICÍA FEDERAL
El bloque radical cargó contra el DNU del Gobierno y advirtió que «es directamente inconstitucional». También marcó que «uno de los puntos que más inquietud despierta es la falta de claridad en las nuevas facultades de la PFA».
Un grupo de diputados de Democracia para Siempre presentó un proyecto de ley para derogar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el Gobierno modificó la estructura y el accionar de la Policía Federal Argentina (PFA). El bloque advirtió que «la norma es directamente inconstitucional».
En la presentación del proyecto, Democracia para Siempre marcó que el DNU es inválido. Este decreto es nulo de nulidad absoluta por desconocer las bases de delegación establecidas por la ley 27.742«, expresaron los diputados.
En tal sentido, se refirieron al rol del Palacio Legislativo: «El Congreso sólo habilitó la colegislación a efectos de reorganizar o reestructurar órganos de la administración central, pero bajo ningún punto de vista autorizó al PEN a dictar normas generales restrictivas de los derechos de las personas».
«El Poder Ejecutivo está utilizando a la Ley Bases como ventana de oportunidad forzada ya que entre las facultades delegadas al Poder Ejecutivo no están las de seguridad», enfatizaron en esta línea.
Democracia para Siempre también recordó el reglamento de la Policía Federal: «El artículo 6, incisos 2, 5 y 11 del Estatuto de la Policía Federal Argentina permiten realizar tareas de inteligencia criminal con acceso a bases privadas y fuentes abiertas como redes sociales, vulnerando las garantías de intimidad, libertad de expresión y protección de datos personales contemplados en el artículo 19 de nuestra Constitución y en la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales».
En tanto, el bloque integrado por los legisladores Pablo Juliano, Facundo Manes, Mariela Coletta, Danya Tavela, Fernando Carbajal y Carla Carrizo apuntó hacia una ambigüedad del DNU: «Uno de los puntos que más inquietud despierta es la falta de claridad en las nuevas facultades de la PFA. El decreto deja sin precisar conceptos como ‘amenaza a la seguridad del Estado’ o ‘alteración del orden público’, lo que habilita una peligrosa zona gris».
«En otros contextos, lagunas normativas similares han resultado en el uso discrecional de fuerzas de seguridad, permitiendo prácticas como la persecución de la protesta, el ciberpatrullaje de opositores, la criminalización de organizaciones sociales, o el avasallamiento a la libertad de expresión, frecuentemente justificadas bajo interpretaciones amplias», agregó en esta línea.
En este marco, cuestionó las modificaciones que se aplicarán a través del decreto: «El acceso de la policía a mayores poderes sin orden judicial—como detenciones, vigilancia de redes sociales y requisas en los denominados ‘operativos de prevención’—vulnera garantías fundamentales como el derecho al debido proceso, la protección contra detenciones arbitrarias (artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, interpretado por la Corte IDH) y la inviolabilidad del domicilio (artículo 18 de la Constitución Nacional)».
«Por otra parte, la disposición consagra una figura similar a los ‘arrestos por averiguación de antecedentes’, ya declarados inconstitucionales por jurisprudencia reiterada por ser arbitrarios y discrecionales», marcó Democracia para siempre.
«Por último, esta preocupación cobra mayor relevancia ante las señales explícitas de utilización política del aparato de seguridad, el avance de un Plan Nacional de Inteligencia opaco, y la posibilidad certera de que la represión y el espionaje de opositores se tornen prácticas naturalizadas», advirtieron.
La reforma del Gobierno a la Policía Federal
El Gobierno puso en marcha una serie de modificaciones en la estructura y el accionar de la Policía Federal Argentina (PFA), con un nuevo estatuto que redefine las funciones y organigrama de la institución en busca de una «modernización» con foco en la investigación de delitos federales y complejos, en el marco del recrudecimiento de la acción represiva del Estado que se viene dando en los últimos meses.
La medida se implementó a través del Decreto 383/2025, publicado el martes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Precisamente, el mandatario y la extitular del PRO encabezarán un acto a las 14:15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, donde darán precisiones sobre la nueva normativa.
El texto del decreto aprueba el proceso de reforma y modernización, con los objetivos de «actualizar las facultades y estructura organizativa de la Fuerza para cumplir con su nueva visión y misión; priorizar y reasignar recursos conforme a las nuevas necesidades; fortalecer el sistema de recursos humanos con el fin de contar con personal competente, motivado y altamente capacitado; modernizar protocolos, procesos y mecanismos de articulación, en particular los referentes a investigación; adquirir y utilizar en forma efectiva las Tecnologías de la Información y Comunicación y Tecnología Forense; y fortalecer la gobernanza y liderazgo de la Fuerza».
También se ordena «redefinir el perfil del personal» de la PFA y «establecer un cronograma respecto de la cantidad máxima de suboficiales a incorporar anualmente; dicho número no podrá superar el de los ya incorporados en el año 2025 y deberá ser reducido progresivamente».
Además, se crea el programa presupuestario «Modernización de la Policía Federal Argentina» que tendrá por objetivo «la compra de bienes de uso, la adquisición o el desarrollo de soluciones tecnológicas, la realización de estudios y el rediseño de procesos para la modernización de la PFA».
Fuente: https://www.c5n.com/
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